No se trata de un dato aislado. La tendencia, tras la continuidad de la deriva nacionalista y los distintos pulsos que sigue planteando la Generalidad de Cataluña al Gobierno de la nación, se ha consolidado y Andalucía sigue por delante de Cataluña en número de creación de empresas, según refleja la estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El mes de abril de este año marcó por primera vez un hecho que jamás se había consumado. Una comunidad autónoma distinta a Madrid superaba a Cataluña como comunidad incubadora de empresas. En el cuarto mes del año se crearon en Madrid hasta 2.321 empresas; otras 1.589 nacerían en Andalucía; y Cataluña registraría la creación de 1.578 empresas. Hoy, la sensación de pérdida de competitividad persiste sin que el gobierno catalán sepa cómo abordar la huida de empresas de la región iniciada en 2017 debido a la inseguridad jurídica.

El cambio político que llegó a Andalucía tras extirpar del Palacio de San Telmo 36 años ininterrumpidos de políticas socialistas gracias a la llegada del Gobierno del ‘popular’ Juanma Moreno Bonilla, ha provocado que su actividad económica se haya multiplicado. Así, Andalucía se ha convertido en la región con más autónomos de España –cuenta con 562.694 asalariados por cuenta propia– y su ritmo de creación de empleo en empresas dadas de alta en la Seguridad Social es superior al del conjunto del país.

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Andalucía supera a Cataluña y ya es junto a Madrid la comunidad que crea más empresas.

No sé, yo aquí veo un patrón: sin nacionalismo y sin socialismo se prospera. https://t.co/fFziNzkaCY

— Toni Cantó (@Tonicanto1) June 10, 2021

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Un nuevo Decreto-ley de Simplificación Administrativa en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, han presentado este lunes otro Decreto-ley que se aprobará este martes en Consejo de Gobierno y que se suma al Plan para la Mejora de la Regulación Económica.

Se trata del proyecto de Decreto-ley por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica. Un nuevo plan de reducción de trabas que, tal y como ha subrayado Moreno, convierte a Andalucía en la comunidad autónoma española con menos burocracia para impulsar la economía.

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Este nuevo Decreto-ley de Simplificación Administrativa contempla más de 300 medidas de mejora, que afectan a unos 80 trámites, y ha recibido el apoyo de sectores claves como la industria, la construcción, el comercio y las energías renovables.

Para transformar la Administración andaluza en un ente más dinámico y diligente, el Gobierno de PP y Ciudadanos ha puesto en marcha tres importantes medidas. En 2019 promulgó un Decreto-ley para agilizar la declaración de proyectos estratégicos, que ya ha impulsado una decena; en 2020 se aplicó el primer Decreto-ley de Simplificación con el que se agilizó 21 leyes y 6 decretos que afectaban a un centenar de medidas; y el nuevo Decreto-ley presentado en el día de hoy.

Esta situación de simplificación burocrática para las empresas dura ya dos años, en los que se han ido poniendo en marcha algunos remedios temporales hasta conseguir aprobar la ansiada reducción administrativa. Una de esas fórmulas novedosas fue la denominada Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP) que suponía asignar a aquellas inversiones que la Junta declarara estratégicas un interlocutor único que se encargara de mover todo el papeleo, evitando el laberinto de ventanillas a las que acudir para cerrar las peticiones.

La pujanza económica en Andalucía podría suponer un nuevo frente entre el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios nacionalistas de ERC y PNV, que lleva meses intentando hilvanar un plan para incrementar la presión fiscal sobre Madrid, bajo la idea de la “armonización fiscal” y la lucha contra el “efecto de capitalidad”. Un efecto sobre el que los expertos –por otra parte– consideran que no supone un agravio para el resto de comunidades, y apuntan a que son otros los factores que tienen más peso sobre la capacidad económica de una región.