El presidente de la Audiencia de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez-Zamorano ha afirmado que los jueces "estamos siempre presionados pero por el Ministerio de la Ley" y ha aseverado que el juez del caso de Pozoblanco va a "ver, oír y escuchar" las pruebas concretas relativas al mismo.

Ha aclarado que "los jueces nos abstraemos de juicios paralelos", tanto es así que "como presidente de la Audiencia de Córdoba sólo sé que el caso está en fase de instrucción" y que "si se les imputa un delito con menos de cinco años de cárcel, será juzgado en un penal y si es mayor, en esta Audiencia Provincial".

El magistrado ha negado saber si "hubo o no penetración a la presunta víctima" de Pozoblanco porque "siguiendo el principio de independencia judicial es competencia del juez que instruye".

Así, "este magistrado sólo intervendría si hubiese problemas, como dilaciones indebidas, pero para dar cuenta al TSJA" o en caso de que "se le impute un delito con una pena superior a cinco años y el juicio tenga que celebrarse en la Audiencia Provincial".

Por otro lado, Sánchez-Zamorano ha manifestado su apoyo a las asociaciones judiciales que se han manifestado contra el ministro de Justicia, Rafael Catalá, por sus palabras "fuera de tono" sobre el fallo del magistrado Ricardo González en la sentencia de La Manada.

Sánchez Zamorano ha reivindicado el "respeto a la independencia judicial" entre instituciones porque es la "única" forma de garantizar "la separación de poderes de un Estado de derecho democrático".

Ha explicado que en los cien casos sobre violencia de género que ha enjuiciado en su carrera judicial, cincuenta como ponente, "siempre ha habido complejidad por la misma causa, las pruebas".

En este sentido, y "con todo mi respeto a los magistrados instructores del caso", el presidente de la Audiencia cordobesa ha añadido que cuando no existen ni testigos, ni desgarros físicos, la declaración de la víctima es "fundamental" porque "no por ser la perjudicada su testimonio tiene menos valor".

Además, se ha referido a la complejidad que tienen los magistrados para determinar "si hubo o no consentimiento", si bien ha insistido en que "aún se puede recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Navarra y en última instancia, al Tribunal Supremo".