Los grupos parlamentarios del PP, Cs y Vox respaldarán este jueves en el Pleno del Congreso una enmienda de PNV y JxCat para garantizar la oferta de plazas "suficientes" en la educación concertada. La enmienda a la conocida como 'Ley Celaá' habilita los mecanismos para que sean las propias comunidades autónomas las que decidan qué plazas de educación concertada se necesitan en su territorio en función de la demanda social que exista.

En concreto, se habla de que serán "las Administraciones educativas" las que programen "la oferta educativa de modo que garanticen la existencia suficiente de plazas públicas y aquellas que garanticen la prestación del servicio público de la educación, especialmente en las zonas de nueva población".

La enmienda también asegura que "las enseñanzas reguladas en esta Ley se programarán por las Administraciones educativas teniendo en cuenta la oferta existente de centros públicos y la autorizada en los centros privados concertados", dejando la decisión sobre la oferta de plazas concertadas bajo el criterio de cada comunidad autónoma.

Esta situación podría provocar que en territorios como Madrid, donde desde el ejecutivo dirigido por Díaz Ayuso se apuesta por blindar la educación concertada, la oferta estaría garantizada, mientras que en comunidades como La Rioja se continúe en la línea ya marcada por el actual Gobierno regional.

Así, con el apoyo de PP, Cs y Vox, esta iniciativa lograría los votos a favor de 164 diputados y podría incorporarse al proyecto de reforma si lograse la mayoría simple, siempre y cuando saliese adelante el dictamen de la LOMLOE.

Si bien, el apoyo que consiguió la semana pasada el dictamen, que contó con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País, sería suficiente para que la norma siguiese su tramitación, ya que el dictamen deberá ser ratificado por mayoría absoluta (176 diputados) por tratarse de una reforma de una ley orgánica, y los diputados de estas cinco formaciones sumarían precisamente un total de 176 votos a favor.

Si en la votación se consigue la mayoría absoluta, la iniciativa será remitida al Senado para continuar con el trámite parlamentario. Pero en caso de no obtenerse la mayoría requerida, el proyecto será devuelto a la Comisión de Educación y FP para que emita un nuevo dictamen en el plazo de un mes.