El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha expresado este martes su convicción de que el Gobierno de Pedro Sánchez no recurrirá el fondo que aprobó el Govern para cubrir las fianzas del Tribunal de Cuentas, ya que cree que tiene una "fuerte solidez legal".

"Estoy convencido de que, precisamente porque tiene una fuerte solidez legal, no habrá ningún recurso en contra por parte del Gobierno del Estado", ha afirmado en rueda de prensa tras reunirse con el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot.

Este mismo martes el Govern ha aprobado transferir 10 millones de euros de un fondo extraordinario de la Generalitat para dotar el Fondo Complementario de Riesgos para cubrir las fianzas del Tribunal de Cuentas.

Estos recursos extraordinarios están previstos en el capítulo 2 de los Presupuestos de la Generalitat, dentro del concepto DD10 'Gastos de varios departamentos, fondos extraordinarios', que Aragonès ha explicado que "viene del aumento del techo de déficit de carácter generalista".

Según él, estos recursos que han llegado por el aumento del techo de déficit van "al conjunto de la caja de la Generalitat" para que se distribuyan en función de las necesidades que surjan y que no estaban previstas inicialmente en los Presupuestos, por lo que ha negado que sean los recursos específicos del coronavirus.

El informe jurídico del Govern avala un toque de queda limitado a zonas más afectadas

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicado este martes que el informe del gabinete jurídico del Govern avala un toque de queda nocturno pero que esté limitado a las zonas más afectadas por la pandemia y no para aplicarlo de manera homogénea en toda Catalunya.

En rueda de prensa tras reunirse con el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, ha afirmado que la posibilidad de aplicar el confinamiento nocturno si es necesario ampliar las restricciones anunciadas el lunes por el Govern "está sobre la mesa" y que en las próximas horas tomarán una decisión al respecto.

Aragonès ha asegurado que, si se acaba aplicando, deberá cumplir las condiciones que indica el informe jurídico y ha subrayado que quiere seguir hablando con los ayuntamientos para "garantizar la correcta aplicación" de esta medida.