El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Celso Rodríguez, se ha mostrado hoy convencido de que la demanda civil interpuesta por el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena no será admitida a trámite.

Así lo ha declarado el representante de la asociación en una entrevista concedida a Efe tras decidir el Gobierno asumir la defensa del magistrado ante los tribunales belgas, el cual está citado a declarar el próximo 4 de septiembre.

Sobre el proceso, se ha mostrado confiado en que "vaya a ser si quiera admitido a trámite" debido, en palabras del experto, a una "imposibilidad de base", y es que "ningún juez belga ni de ningún otro país puede fiscalizar el funcionamiento, la imparcialidad y la independencia de la Justicia española".

"Sería tanto como poner en manos de un tribunal de un Estado el enjuiciamiento de otro Estado, y eso no es factible de acuerdo con ninguno de los tratados internacionales no solo suscritos por España, sino de reconocimiento global", ha defendido.

Rodríguez ha celebrado así la decisión del Gobierno de España de asumir la defensa de Llarena y ha puntualizado que, aunque la demanda se dirige formalmente en Bélgica contra el magistrado del Tribunal Supremo, desde la APM se ha sostenido siempre que la misma "pone en cuestión la Jurisdicción española".

"No es una demanda personal, es una demanda que, bajo la excusa de un planteamiento personal, lo que trata es de desautorizar el proceso seguido ante el Tribunal Supremo español, de momento la instrucción del sumario", ha recalcado.

Por este motivo, desde el colectivo consideran que el proceso judicial "debía ser asumido como una cuestión de Estado" y que "debía ser el Gobierno quien se personase en la causa en Bélgica para defender precisamente la inmunidad de la Jurisdicción española, que es lo que está en juego", ha subrayado.

Por otro lado, ante la espera del Ejecutivo de ser asesorado por un despacho de abogados belga para determinar si existe una distinción entre la actuación privada del juez y su función jurisdiccional, Rodríguez ha remarcado que "en ningún modo puede distinguirse en este asunto una parte privada y una parte que afecte públicamente a la jurisdicción española".

"No es verdad que la demanda se sustente contra declaraciones privadas del magistrado Llarena", del que ha defendido que "no ha hecho ninguna declaración en ningún momento distinta a lo que ha dicho a través de sus resoluciones judiciales".

En cuanto a las declaraciones del secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, criticando el que los españoles paguen la defensa de Llarena, Rodríguez ha indicado que éste es "planteamiento equivocado".

"Se trata de defender al Estado español, la inmunidad de la jurisdicción española", y por tanto, "el sistema judicial en su conjunto".