Andalucía ha acordado aceptar este lunes la compensación a Andalucía por el IVA de 2017 prevista en los presupuesto del Estado de 2022, con lo que percibirá los 534 millones pendientes más 30 millones por intereses de demora, ha indicado el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado en el Oratorio San Felipe Neri de la capital gaditana, el presidente ha destacado que se trata de una compensación que corresponde a la comunidad y que "en ningún momento" la Junta ha renunciado a ella.

"Siempre hemos defendido que ese dinero es de todos los andaluces a pesar de la negativa del Ministerio de Hacienda, por lo que llevamos el asunto a los tribunales, una reclamación que era de justicia", ha expuesto.

Moreno ha valorado que la Junta haya logrado esa deuda, fruto del "compromiso y la insistencia" del consejero de Hacienda, Juan Bravo, y que el Estado tenga que pagar otros 30 millones adicionales por los intereses de demora al no haber pagado la cantidad en tiempo en forma.

La condición que ha puesto el Ministerio de Hacienda para pagar la deuda ha sido que Andalucía desista del procedimiento judicial que la Junta había iniciado, decisión a la que ha dado luz verde el Consejo de Gobierno que ha acordado retirar el recurso.

Este precedente motiva a la Junta a seguir peleando por lo que "cree que es justo" para Andalucía, según Moreno, que ha criticado que durante muchos años "se han dejado de lado" los intereses de la comunidad, lo que ha supuesto la perdida de "cuantiosos" recursos fundamentales para la recuperación.

El dirigente popular ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que reflexione al considerar que sus decisiones tienen un "tinte partidista" que supone un "castigo" para los contribuyentes y recursos que han sido "perdidos".

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, trasladó el pasado verano a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que el Gobierno les transferiría en torno a 3.000 millones de euros como devolución de la liquidación del IVA del año 2017.

Previamente, en mayo el Tribunal Supremo dio parcialmente la razón a la Junta de Castilla y León y a la Xunta de Galicia y, en dos sentencias, obligó al Gobierno central a devolver una parte de la liquidación del IVA de 2017.

Tras ello, la ministra anunció la aprobación de una partida presupuestaria en 2022 para "solventar el perjuicio económico que supuso para las comunidades autónomas el cambio normativo que aplicó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017, y que supuso recibir menos recursos en 2019", explicó entonces.