Los ocho acusados de integrar el considerado brazo jurídico de ETA, Halboka, han dicho por medio de Julen Celarain que el juicio está fuera de lugar porque no es compatible con la búsqueda de espacios de convivencia tras la disolución definitiva de la banda terrorista en 2018.

La Audiencia Nacional celebra este lunes la primera sesión del juicio a ocho supuestos miembros del aparato jurídico de ETA, que supuestamente lideraba la abogada Arantza Zulueta, para quien la Fiscalía pide 19 años de cárcel por integración en organización terrorista en condición de dirigente y a otros 7 por depósito de armas y explosivos.

Para el resto de acusados, entre los que se encuentra el abogado Jon Enparantza, el Ministerio Público solicita penas de entre 7 y 12 años de prisión por su presunta pertenencia a ETA o colaboración con la banda.

Uno de los procesados, Julen Celarain, ha manifestado a los periodistas que esperaban a las puertas de la Audiencia Nacional que la celebración de este juicio no es el camino hacia la paz y la convivencia en la sociedad vasca. Este tipo de medidas represivas de algunos órganos del Estado no aportan nada, están fuera de lugar, ha subrayado.

Asimismo, ha denunciado que durante la fase de instrucción se vulneraron los derechos fundamentales de los acusados, ya que existen denuncias de torturas muy graves a algunos de los investigados, así como informes de la Guardia Civil en los que se indicaba que el trato hacia algunos detenidos debía ser exquisito y con otros se buscaba conseguir declaraciones que reafirmasen los argumentos de la acusación.

Se han registrado despachos de abogados de forma ilegal y no se han desclasificado los documentos base de la investigación, que son escuchas ilícitas del CNI, ha añadido.

Los procesados han corroborado que algunos de ellos ya han sido condenados por los delitos de los que se les acusa en este juicio, por lo que han destacado que se está vulnerando el derecho a no ser juzgado dos veces por la misma causa.

Los abogados Arantza Zulueta y Jon Enparantza compartieron banquillo en 2019 en la Audiencia Nacional como responsables del órgano jurídico KT, el denominado frente de cárceles de ETA, juicio que se saldó con un acuerdo de conformidad con la Fiscalía -que pedía para ellos 14 años de cárcel- y la Asociación Víctimas del Terrorismo.

Fueron condenados a 3 años y medio y 2 años y 7 meses de cárcel, respectivamente, a cambio de reconocer su labor para mantener la cohesión de los presos de la banda. EFE

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