Responsable jurídica del colectivo Agentes de la Propiedad: "En el resto de Europa no se da esta situación"

El lamentable el caso de Cristina se suma al del millón de españoles afectados en la última década por este fenómeno, que ha crecido un 16% en el segundo trimestre de 2022 y un 46% desde 2018, según la información facilitada por el Ministerio del Interior a requerimiento del grupo parlamentario de VOX.

Datos que demuestran que en 2011 se produjeron 3.843 okupaciones ilegales, frente a los 17.274 en 2021 o los 14.621 en 2020. No obstante, los datos que acaba de hacer públicos el Ministerio del Interior no diferencian entre allanamientos de morada o usurpaciones y reflejan el primer descenso en este tipo de delitos en los últimos cinco años. Han caído un 5,4 % en los siete primeros meses del año respecto al mismo período del año anterior, según estas fuentes oficiales.

Sin embargo, la Asociación Nacional de Afectados por la Okupación calcula que en España hay más de 120.000 viviendas okupadas y cerca de un millón de personas afectadas. Su presidente, Toni Miranda, calcula en COPE que, a la vista de estos datos, “el 2022 cerrará con unas 20.000 okupaciones nuevas, pero estos son los datos que da un gobierno que da amparo a este fenómeno. Los datos que da el Ministerio del Interior son de usurpaciones de viviendas y son solo algunas de las okupaciones reales. No incluyen a los inquilinos que dejan de pagar, pero además hay miles de los propietarios que no denuncian porque están acudiendo a empresas de desocupación o los bancos, que tampoco denuncian porque han visto que no les sirve de nada”. Un fenómeno en aumento que tiene una explicación que da en COPE Montserrat Junyet, responsable jurídica del colectivo de Agentes de la Propiedad en España y Cataluña: “se usa la ocupación ilegal de viviendas como un mecanismo para dar respuesta a la necesidad habitacional de la población. Se están mezclando situaciones de vulnerabilidad con actividades delincuenciales por grupos mafiosos”.