Unos tres millones de personas viven a más de 5 kilómetros del cajero automático más cercano, fundamentalmente en las áreas rurales menos habitadas, lo que complica su acceso al dinero en efectivo y aumenta su riesgo de sufrir exclusión financiera.

Este problema mejoraría si se desarrollara un marco normativo específico para incentivar el uso de los servicios de "cashback" y "cash-in-shop", que permite a los ciudadanos obtener efectivo al hacer una compra en tiendas o bares.

Así lo ha explicado este jueves el organismo que vigila la competencia en España, la CNMC, que recoge datos contenidos en un reciente informe del Banco de España.

En concreto, el 55 % de los 8.131 municipios que hay en España no tienen cajero automático, lo que afecta al 3,1 % de la población.

Estos municipios se caracterizan, además, por tener en su conjunto una densidad media de población muy inferior a la media nacional, de unos 94 habitantes por kilómetro cuadrado; así como un mayor peso de la población mayor de 65 años.

El número de cajeros automáticos ha bajado un 23 % en España en los últimos 15 años debido al cierre de oficinas bancarias y a la digitalización del modelo de negocio.

Las personas más jóvenes y las de mayor edad son las que más utilizan el efectivo, dice el organismo, que añade que, en 2021, menos del 36 % de los ciudadanos que viven en España declaraban usarlo como medio de pago más habitual, frente al 80 % que lo hacían en 2014.

La CNMC recuerda, además, que la regulación de las tasas de intercambio por retirada de efectivo (las tasas interbancarias) puede desincentivar la instalación de cajeros, al tiempo que añade que las grandes diferencias de costes y número de clientes entre cajeros dificultan el establecimiento de tasas adecuadas para todos sin arriesgar la sostenibilidad de los que tienen menos demanda.