El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 incluye unas dotaciones de 3.817 millones de euros para política energética, un 39,2 % menos que este año, por la menor aportación de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

Descontando la cuantía procedente de Bruselas (2.766 millones), el presupuesto con dinero del Estado aumentará, sin embargo, un 18 %, desde los 889 millones de 2021 hasta los 1.051 millones del próximo ejercicio.

La política energética, que en el año en curso cuenta con 6.279 millones (5.390 de fondos europeos), se centrará en 2022 en el establecimiento de las bases del régimen minero y energético.

Su actuación buscará elaborar regulaciones sectoriales más adecuadas, eliminando ineficiencias que perjudican a corto plazo a la actividad económica, y promoviendo una transición energética ordenada.

EL BONO TÉRMICO RECIBIRÁ UN 44% MÁS

Entre otros aspectos, destaca la dotación para el Bono Social Térmico, programa de concesión directa de ayudas destinadas a paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables, que subirá un 44 %, hasta los 157 millones, como ya adelantó la pasada semana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Según ha explicado este miércoles la propia Montero, se destinarán además 445 millones para el apoyo al vehículo eléctrico, 630 millones para desarrollar energías renovables, 555 millones para "ser referentes en el hidrógeno renovable, que es una de las esperanzas para el futuro", y 435 millones para "transformar edificios de las Administraciones y hacerlos más eficientes".

Esta política incluye también 300 millones para financiar préstamos al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Dicha cantidad va dirigida a apoyar la eficiencia energética y las energías renovables, con la finalidad principal de anticipar a los beneficiarios fondos para actuaciones que, una vez ejecutadas y certificadas, podrán obtener retornos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

FINANCIACIÓN DE LOS COSTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO

Asimismo, el proyecto prevé dotaciones para realizar las aportaciones derivadas de los ingresos por subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y transferencias para compensar el 50 % de los costes extra de generación en los territorios no peninsulares, que suman cerca de 3.700 millones.

No obstante, este esquema se verá posiblemente modificado a lo largo del próximo ejercicio, cuando concluya el trámite parlamentario del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y del proyecto de ley sobre la retribución del CO2 no emitido de este mercado.

Su aprobación hará que la carga de las primas de las renovables se distribuya entre todos los agentes del ámbito energético, e introduce medidas que racionalizan la retribución de la producción energética de determinadas fuentes, lo que a su vez ayudará a minorar la carga sobre los consumidores.