La pandemia de coronavirus disparó en 2020 las quejas en materia de vivienda que se trasladaron al Defensor del Pueblo, siendo aquellas relativas a las ayudas a la vivienda las más numerosas y preocupando, asimismo, las relacionadas con los desahucios en viviendas protegidas o la ocupación ilegal.

Las quejas sobre las ayudas a la vivienda se convirtieron en el grueso de las que se recibieron en la institución, superando en número al de anteriores ejercicios debido a la crisis sanitaria, según se recoge en el informe anual de 2020.

Las ayudas destinadas al alquiler de vivienda habitual fueron las más solicitadas por las familias que acudieron al Defensor del Pueblo, que reclamaban que se resolviesen sus solicitudes en sentido favorable, se les concediesen cuanto antes y se abonasen sin demora.

Sin embargo, algunas administraciones han confirmado que cuentan con verdaderos problemas a la hora de gestionar las solicitudes recibidas.

A 20 de enero de 2021, y por lo que respecta a estas ayudas, se habían recibido un total de 35.557 solicitudes y se habían resuelto 3.952. Además, habían sido abonadas el 78 %.

También son numerosas las quejas sobre la lentitud en la gestión de las ayudas covid-19 y las recibidas por problemas en las solicitudes para reducir la cuota de alquiler, "síntoma de que la situación económica de las familias se encuentra en declive".

DESAHUCIOS Y OCUPACIÓN ILEGAL

El Defensor del Pueblo reconoce que suscita especial preocupación el importante incremento de quejas recibidas de personas que han sido desalojadas de una vivienda pública protegida y que, con relativa frecuencia, se trata de familias especialmente vulnerables con hijos menores de edad o monoparentales.

Con respecto a la ocupación ilegal, la institución sostiene que es una realidad compleja desde un punto de vista jurídico y que el sistema de servicios sociales parte de la negación de la ocupación ilegal de una vivienda como una situación de necesidad, lo que desde el Defensor del Pueblo ven inadmisible.

Dado que el impacto de esta crisis ha afectado a determinados colectivos vulnerables, la institución ve necesaria la readaptación de la política social de vivienda.

Para ello, recomienda incluir entre los acontecimientos extraordinarios para la adjudicación de vivienda pública las situaciones de vulnerabilidad derivadas de la covid-19, que imposibilitan a los afectados encontrar una alternativa habitacional y siempre que concurran situaciones de grave dificultad económica, social o familiar.

También propone ampliar en 2021 el plazo otorgado para la presentación de solicitudes de las subvenciones a fin de minimizar el impacto económico y social de la pandemia en los alquileres de vivienda habitual.

OPACIDAD EN LA ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS

El Defensor del Pueblo destaca la opacidad y las deficiencias de los procedimientos de adjudicación que dificultan la presentación de solicitudes y que impiden conocer a los solicitantes datos relevantes acerca de la tramitación y la adjudicación de estas viviendas.

Además, reconoce que cada vez son más las familias que, a consecuencia de la crisis sanitaria, se ven en la necesidad de optar a viviendas por el procedimiento de emergencia social.