La justicia ordena a Airbnb retirar 5.800 anuncios de pisos turísticos de su plataforma

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha vuelto a pronunciarse contra Airbnb. En un nuevo auto judicial, el tribunal ha rechazado el recurso presentado por la plataforma y ha confirmado la obligación de eliminar 5.800 anuncios de alojamientos turísticos que, según el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, no cumplen con la normativa vigente. 

Así lo ha comunicado este jueves el ministro Pablo Bustinduy, tras la reunión del Consejo Territorial de Derechos Sociales celebrada en la sede del Imserso.

El caso no es nuevo: semanas atrás, el mismo tribunal ya había emitido una resolución que avalaba las actuaciones del Ministerio y exigía la retirada de miles de anuncios considerados ilegales. Airbnb decidió entonces presentar un recurso de reposición para intentar frenar la orden, pero ahora la justicia ha vuelto a dar la razón al Gobierno y a confirmar que esos anuncios deben desaparecer de la plataforma.

comunidades afectadas

Los anuncios afectados se refieren a viviendas turísticas ubicadas en varias de las comunidades autónomas con mayor presión del mercado inmobiliario y turístico: Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y País Vasco. Según ha explicado Consumo, muchos de estos alojamientos incumplen uno o varios de los siguientes requisitos: no cuentan con un número de licencia válido para operar como alojamiento turístico, han incluido identificadores falsos o directamente se desconoce la identidad jurídica de quienes ofrecen el piso en alquiler.

El ministro Bustinduy ha valorado esta nueva decisión judicial como un paso relevante en la lucha contra el alquiler turístico ilegal, y ha asegurado que “ninguna plataforma, por grande que sea, puede saltarse las leyes”. Ha señalado que existen empresas, fondos de inversión y plataformas digitales que están obteniendo beneficios millonarios a costa de dificultar el acceso a la vivienda para miles de familias en España. “No vamos a permitir que el mercado turístico crezca a base de pisotear el derecho a la vivienda”, ha subrayado.

Este nuevo auto del TSJM forma parte de un proceso más amplio. El pasado mes de mayo, el Ministerio de Consumo ya había solicitado a Airbnb el bloqueo de cerca de 66.000 anuncios que se consideran ilegales por no cumplir con los requisitos mínimos exigidos por las normativas autonómicas. La orden de eliminar los 5.800 anuncios ahora confirmada por el tribunal corresponde al primero de los tres requerimientos emitidos por el Ministerio. El ministro ha señalado que espera que las resoluciones pendientes sigan la misma línea, aunque reconoce que la empresa probablemente haya recurrido todas las órdenes.

Además, Bustinduy ha hecho hincapié en la necesidad de que el Gobierno colabore estrechamente con las comunidades autónomas y los ayuntamientos para frenar lo que ha calificado como una situación de “ilegalidad generalizada” en el mercado del alojamiento turístico. Según el ministro, este tipo de anuncios no solo vulneran leyes, sino que agravan la crisis de acceso a la vivienda en zonas donde ya hay dificultades importantes para alquilar o comprar a precios razonables.