Un año después de que los socios de gobierno empezaran oficialmente la negociación del anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, el Consejo de Ministros aprobará el texto este martes en segunda vuelta y lo enviará al Congreso para su tramitación como proyecto de ley.

Considerada una de las leyes estrella del Ejecutivo de coalición, la conocida como 'ley de vivienda' recibió la semana pasada el informe desfavorable, pero no vinculante, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con un voto particular de cinco vocales del sector progresista.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, sostiene que el anteproyecto "respeta las competencias de las comunidades autónomas, salvaguarda y protege el derecho a la vivienda y es compatible con el derecho a la propiedad".

El texto penaliza las viviendas vacías, permite a las comunidades autónomas regular el precio de los alquileres, prohíbe la venta del patrimonio público residencial y prevé aumentar el parque de vivienda social, así como que sean los juzgados los que de oficio suspendan los desahucios por impago de renta de familias vulnerables, entre otras medidas.

La regulación de los alquileres, uno de los puntos más polémicos y que suscitan más rechazo en el sector inmobiliario, contempla la limitación de rentas para las persona jurídicas (empresas e instituciones) propietarias de más de diez viviendas en las zonas que los gobiernos regionales declaren tensionadas, en función de un índice de precios que se elaborará en un plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de la ley.

Los arrendadores particulares y las empresas propietarias de menos de diez viviendas podrán subir la renta en los nuevos contratos hasta un 10 %, si en los dos años anteriores la vivienda ha sido objeto de rehabilitación o de obras de mejora energética y de accesibilidad.EFE

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