El Gobierno ampliará un 15 % los límites de consumo a los que se pueden aplicar los descuentos del bono social eléctrico a los diferentes grupos de consumidores vulnerables que pueden beneficiarse de ellos y creará un bono térmico, que será una ayuda directa para pagar el consumo de otras fuentes de energía.

El real decreto-ley, que el Consejo de Ministros puede aprobar este viernes o en próximas semanas, contempla la ampliación de esos límites máximos a los que se aplica el descuento, según han indicado hoy a Efe fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.

Actualmente los límites, por ejemplo, para una unidad familiar sin menores están en 1.200 kilovatios hora (KWh) anuales y cien KWh al mes, y para una con un menor a cargo en 1.680 KWh al año y 140 KWh mensuales. En el caso de pensionistas que perciban una pensión de cuantía mínima es de 1.680 KWh al año.

Todos esos máximos se verán ampliados en un 15 % cuando se apruebe el real decreto-ley, de forma que el consumo sobre el que se podrá aplicar los descuentos del 25 % ó el 40 % (según sean consumidores vulnerables o vulnerables severos) será mayor que el de ahora y, por tanto, menor el consumo que pueda quedar fuera de la aplicación de los descuentos.

La nueva regulación mantiene la posibilidad de que el descuento pueda llegar al total de la factura en el caso de consumidores que pertenezcan a colectivos en riesgo de exclusión total atendidos por los servicios sociales de comunidades autónomas, a los que en ningún caso se les puede cortar el suministro por impago.

Además, las circunstancias especiales por las que se establecen niveles de renta más altos a los generales para acceder a los descuentos del bono social también se ampliarán con el real decreto.

Si hasta ahora sólo podían acceder al bono social con esos niveles de renta más altos que los generales las personas con discapacidad, las víctimas de violencia doméstica y las víctimas del terrorismo, ahora esos límites más altos se extienden también a las familias monoparentales.

En cuanto al bono social térmico, será una ayuda directa para las personas que también sean beneficiarios del bono social eléctrico, que servirá para ayudar a pagar el coste de otros combustibles que las unidades familiares usen para calefacción, agua caliente y cocina.

La ayuda se concederá en función de la banda de temperaturas de la zona donde esté ubicada la residencia y la cuantía estará en función tanto del grado de vulnerabilidad como de las temperaturas.

En la concesión de este bono social, que el Ministerio para la Transición Ecológica quiere que funcione este invierno, se tendrá en cuenta a los beneficiarios del bono social eléctrico a fecha 31 de diciembre de 2018, que es la fecha a la que se va ampliar el plazo para que los beneficiarios del antiguo bono social lo renueven, que iba a finalizar este 8 de octubre después de haber sido ampliado seis meses en abril.

A 30 de septiembre se habían presentado 1.369.656 solicitudes para renovar el bono social eléctrico y 746.316 solicitantes ya tenían activo el nuevo.

El real decreto-ley de medidas urgentes recogerá también la suspensión del impuesto del 7 % a la generación eléctrica que ahora se incluye en la factura de la luz, así como medidas de protección al consumidor.

Entre éstas, está la prohibición de comercializar "puerta a puerta" la electricidad entre consumidores domésticos y la obligación a las comercializadoras de referencia -las autorizadas para ofrecer la tarifa regulada- de ofrecer a los clientes simulaciones sobre lo que se pueden ahorrar pasando a tarifas de discriminación horaria.

Además, el real decreto-ley recogerá medidas para favorecer el autoconsumo, como la eliminación del impuesto al sol para todas las instalaciones de menos de 100 kilovatios y la simplificación de los trámites administrativos para estas instalaciones.