El personal al servicio de las administraciones públicas sumaba 2.967.578 efectivos en julio del pasado año, 591 trabajadores más que seis meses antes, según el boletín publicado este lunes por el Ministerio de Hacienda.

El número de empleados públicos recogido en el boletín es superior en 236.461 trabajadores al contabilizado en julio de 2022, aunque esta cifra está alterada por un cambio estadístico, ya que desde 2023 se computan todos los contratos temporales y no solo aquellos de más de seis meses.

La comparación interanual, afectada por esta modificación, disparó en un 14,1 % el número de empleados de las comunidades autónomas, mientras que en el Estado aumentó en un 2,5 % y en la administración local disminuyó en un 0,7 %.

Otro cambio estadístico afecta al ámbito judicial, que ahora queda reducido a la administración al servicio de juzgados y tribunales (14.713 personas), cuando antes también se incluía a los trabajadores del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal (hasta un total de 24.044 en julio de 2022).

Un 62 % de los empleados públicos están en las CCAA

En julio, la mayor parte de los empleados públicos se concentraban en las comunidades autónomas, con un total de 1,85 millones, un 62,2 % del total, sobre todo en la administración general (1,66 millones) y, en menor medida, en las universidades (181.885).

Las administraciones locales empleaban a 594.225 personas, un 20 % del total, la mayoría en ayuntamientos (526.209) y el resto, en diputaciones cabildos y consejos insulares (68.016).

Los 528.190 empleados públicos restantes se ubicaban en el sector público estatal, sobre todo en las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (274.752) y la Administración del Estado (238.725).

Casi la mitad de los empleados públicos (1,47 millones) era personal funcionario de carrera y el resto, personal laboral (641.599) y otro personal (853.702).

En ese momento, el número de mujeres en la plantilla de las administraciones públicas superaba ampliamente al de hombres, con 1,75 millones y 1,22 millones, respectivamente, una desigualdad especialmente significativa en las comunidades autónomas, donde las mujeres (1,3 millones) duplican a los hombres (0,58 millones).