La transición energética definida como un desafío, el potencial de los contadores inteligentes instalados en los hogares españoles o el acceso a las redes por parte de las empresas han sido los ejes sobre los que ha girado el I Congreso Aelec sobre electrificación y redes celebrado en Madrid.

Según la óptica de los diferentes actores involucrados en la transición energética, los problemas que surgen ante este desafío son diferentes.

Por un lado el gobierno, a través de la intervención de la ministra en funciones para la Transición Energética, Teresa Ribera, quien ha recordado que algunas eléctricas no están ofreciendo al consumidor la información necesaria para sacar partido a los contadores inteligentes.

En España hay 28 millones de contadores inteligentes instalados, que equivalen al 99 % de los hogares y sitúan al país a la vanguardia en el despliegue, pero "que no se están usando como se deben", ya que no todas las compañías están informado al consumidor sobre su uso y por lo tanto no se usan como es debido.

Polémica a la que ha respondido la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica que ha afirmado que las empresas ya han puesto campañas de información para que los consumidores sepan exactamente las utilidades que tienen estos contadores y han solicitado peajes eléctricos que realmente permitan ahorrar en la factura de la luz.

Por la parte privada, empresas como Naturgy, Red Eléctrica (REE) o Viesgo han pedido una mejor organización del acceso a las redes para llevar a cabo con éxito la transición energética.

Los empresarios del sector han pedido a la administración medidas al respecto, ya que en la actualidad es "un escenario de muchas tensiones" tal y como ha afirmado el director de UFD del Grupo Naturgy, Raúl Suárez.

Además, se ha pedido a la administración entrante incentivos para las inversiones, ya que, aunque España parte de una situación ventajosa con respecto a otros países europeos por red de distribución de bajo coste, se necesita tecnificar y digitalizar mucho más las redes.

Los empresarios han alabado la innovación en las instalaciones pequeñas de baja tensión que debería aprovechar la red de distribución, ya que, según su opinión, está "infrautilizada".

Pero el debate sobre la transición energética es mucho más global, como reflejan los acuerdos de París contra el cambio climático firmados en 2016 y como ha recordado el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete.

Según ha adelantado el comisario del ramo de la Unión Europea, el Eurobarómetro alerta de que el 93 % de los ciudadanos opina que el cambio climático es un problema serio, mientras que 6 de cada 10 europeos piensa que es un problema grave.

Esta preocupación por el cambio climático se ha visto reflejada también en las últimas elecciones europeas, donde se ha pasado de un tema apenas mencionado en las elecciones de 2014 a ser un prioritario en las de 2019.

Por ello el comisario ha anunciado que Bruselas pondrá en marcha en 2020 un fondo para el desarrollo de tecnología puntera en las renovables y redes inteligentes dotado con más de 11.000 millones para acelerar el proceso de la transición energética.

Este fondo se nutrirá de las subastas de los derechos de emisión y lo acompañará una intensificación del conocido como plan Junker, que prevé recaudar el doble de los 371.200 millones en inversión - de los que España ha recibido 8.087 - movilizados hasta la fecha.

La transición energética será uno de los ejes de la futura política en Europa, ya que en 2040 se espera una reducción del 45 % en gases invernadero, mientras que para 2050 se calcula que esa reducción llegue al 60 %.

Bruselas, según el comisario español, tiene una estrategia con tecnología ya existente para reducir las emisiones entre un 80 y un 100 % y alcanzar en 2050 una neutralidad climática (que se basa en una economía que no tenga impacto en el calentamiento).

Pero el desafío que supone la transición energética debe ser asumido también por el sector privado, como ha recordado Ribera, que ha animado a las empresas a desarrollar nuevos modelos de negocios y a convertirse en actores constructivos, ya que la colaboración público-privada es indispensable para llevar a cabo la descarbonización de la economía y de la sociedad.