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Defensor del Pueblo admite queja Arriaga por colapso juzgado cláusulas suelo

El Defensor del Pueblo ha admitido la queja de Arriaga Asociados sobre el colapso del juzgado de primera instancia 101 bis de Madrid, y ya ha iniciado actuaciones ante la Secretaría de Estado de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 12:45

El Defensor del Pueblo ha admitido la queja de Arriaga Asociados sobre el colapso del juzgado de primera instancia 101 bis de Madrid, y ya ha iniciado actuaciones ante la Secretaría de Estado de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid.

El pasado mes de mayo, el bufete presentó ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una queja por el colapso del juzgado 101 bis de Madrid especializado en cláusulas abusivas, un atasco que para algunos demandantes supone una demora de hasta cuatro años.

Asimismo, acudió a la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco; a la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid; al Colegio de Abogados de Madrid (ICAM); al Consejo General de la Abogacía, y al Defensor del Pueblo.

Además de este último organismo, la consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid también ha respondido al requerimiento, y en un escrito recuerda que "este juzgado es ejemplo de implementación del expediente judicial electrónico, lo cual simplifica y acelera los procedimientos. Desde el 1 de junio de 2017 se han resuelto más de 47.968 asuntos".

Desde el despacho de abogados reconocen el importante esfuerzo realizado por mejorar los recursos humanos y técnicos por parte de las instituciones implicadas, pero destaca que "a pesar de todo el esfuerzo y dedicación de los jueces y demás profesionales sus recursos todavía son claramente insuficientes".

Arriaga representa ante dicho juzgado a 31.000 clientes afectados por cláusulas suelo, multidivisa o hipotecas referenciadas al IRPH, de los cuales un 90 % presentaron su reclamación entre los años 2017 y 2019.

Esta falta de recursos ha provocado que, de esas 31.000 demandas, casi 20.000 (19.898) no se hayan emitido todavía a abogados o procuradores, señala Arriaga.

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