El Tribunal Constitucional (TC) someterá a votación y decidirá este martes acerca del recurso del PP contra el real decreto que regula los contratos de alquiler de vivienda, aprobado por el Gobierno el pasado 1 de marzo, según consta en su orden del día.

La votación y aprobación definitiva de la sentencia, de la que será ponente el magistrado Ricardo Enríquez Sancho, ocupará el tercer punto del Pleno, si bien todavía se desconoce si el fallo trascenderá esa misma mañana o se conocerá más adelante.

A principios del pasado mes de abril, el líder del PP, Pablo Casado, informó del recurso a través de una nota de prensa en la que cuestionaba la "extraordinaria y urgente necesidad" de las medidas adoptadas por el Ejecutivo, y criticaba a éste por basarse en datos y fórmulas "enteramente falsas".

En el último Consejo de Ministros previo a la disolución de las Cortes ante la convocatoria de las elecciones generales del 28 de abril de 2019, el Gobierno dio luz verde al nuevo real decreto de vivienda, que no incluye ninguna medida para fijar los precios de los alquileres, cuya renta deberá actualizarse durante la vigencia del contrato al índice de precios al consumo (IPC).

Con el objetivo de incentivar la oferta de viviendas en este régimen, establece además una serie de medidas fiscales como bonificaciones de hasta un 95 % en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de la vivienda protegida en alquiler cuando los Ayuntamientos acuerden, en una norma jurídica, una renta limitada.

También habilita el gravamen en el IBI de la vivienda vacía, elimina el Impuesto de Transmisiones en los alquileres de vivienda habitual, establece el derecho de adquisición preferente por parte de las Administraciones en caso de la venta conjunta de un inmueble con arrendamientos, y amplía la prórroga obligatoria de 3 a 5 años en la duración de los contratos, o a 7 si es una persona jurídica.

En mayo de ese mismo año, el Constitucional admitió a trámite el recurso y remitió tanto la demanda como el resto de documentos presentados por la formación al Congreso de los Diputados, al Senado y al propio Gobierno a fin de que pudieran personarse y formular las alegaciones que estimaran convenientes.