El Congreso ha rechazado hoy la toma en consideración de una proposición de Ley del Bloque Nacionalista Gallego (BNL) que pretendía introducir cambios en la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, conocida como la Ley Hipotecaria, aprobada en 2019.

Con 228 votos en contra, 60 a favor y 55 abstenciones, la iniciativa solo ha contado con el apoyo del Grupo GUP-EC-GC, representado por la diputada Pilar Garrido.

La propuesta pretendía que las cooperativas profesionales con sección de crédito pero que no son entidades financieras no tuvieran que cumplir los mismos requisitos que establece la Ley Hipotecaria para el resto de entidades cuando conceden un préstamo a sus socios.

Según el autor de la propuesta, el diputado del BNG Néstor Rego, el motivo para pedir esa exención es que estas cooperativas profesionales -agrarias, farmacéuticas, del mar o de vivienda- no tienen por objeto social dar servicios financieros de forma "profesional", ni tienen una finalidad "empresarial ni inversora".

Además, la norma exige que los órganos de Gobierno de las entidades de crédito estén formados por personal cualificado, lo que "choca" con el carácter "democrático" de las cooperativas, en las que cualquiera pueda elegir y ser elegido, y dificulta "que puedan seguir con su actividad", dijo.

Estos argumentos fueron contestados por el resto de parlamentarios que intervinieron, entre ellos Miguel Ángel Paniagua, del Grupo Popular, que aseguró no entender por qué necesita una cooperativa "dar hipotecas para sobrevivir" y advirtió de que, en caso de mala gestión o si hubiera otra crisis financiera, la cooperativa entera podría caer.

Por el Grupo Socialista, Diego Taibo dijo no entender por qué el BNG quiere que se permita a las cooperativas no cumplir la ley en la concesión de un crédito, y añadió que antes de la agilidad en la concesión de un crédito debe primar "la seguridad del que lo recibe".

El representante del Grupo Mixto, Manuel Martínez, argumentó que la vía de excepcionalidad que defiende BNG "abre un camino hacia desigualdad" y optó por confiar en "el rigor" de las cooperativas a la hora de hacer su trabajo.

Por el Grupo EAJ-PNV, Idoia Sagastizábal explicó que introducir esta excepción en la ley hipotecaria sería dar un paso atrás, y aunque no puso en duda que las cooperativas profesionales "luchan contra la exclusión" social con su actividad, su actuación no debe perjudicar a los socios.

Tampoco aprobó la propuesta el grupo Ciudadanos, representado por Juan Ignacio López-Bas, que argumentó que "dar un crédito es un riesgo siempre y no se debe exceptuar a nadie de los criterios de seguridad que establece la ley".

La diputada del Grupo Parlamentario Confederal, Pilar Garrido, que sí apoyó la propuesta, recordó que los requisitos de la ley hipotecaria excluyen a las cooperativas más pequeñas de la concesión de créditos, lo que va en contra de la economía social y solidaria.

Rubén Manso, de Vox, dijo que la ley hipotecaria no beneficia a la gran banca sino a los clientes, y mostró su perplejidad por que BNG pida que se "descafeínen los controles", cuando "es un hecho" que las secciones de crédito de estas cooperativas "a veces quiebran".

En la crisis anterior, recordó, se salvaron las entidades "con dueño": los bancos y las cajas rurales, mientras que las que se hundieron fueron las cajas de ahorro, con una propiedad más difusa y que fueron "asaltadas" por los políticos. EFE

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