El pleno del Congreso ha convalidado este jueves el decreto ley que flexibiliza los requisitos para acceder al paquete de 11.000 millones de ayudas directas para empresas y autónomos según las necesidades de cada territorio.

El decreto ha sido convalidado con 294 votos a favor, ninguno en contra y 52 abstenciones, aunque también se ha aprobado su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Durante su intervención en el Congreso, la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha destacado que estas ayudas contribuyen a "dar oxigeno" en la fase final de esta crisis y a que las empresa "tengan músculo" para aprovechar la recuperación.

Ha detallado también que todas las comunidades -salvo País Vasco y Navarra y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla- ya han remitido los convenios para poder empezar a dar estas ayudas y que el Gobierno ya ha transferido la parte que toca a Extremadura, Castilla La Mancha, Madrid, Asturias, Galicia, Castilla y León y Comunidad Valenciana.

En los próximos días, ha añadido, también se transferirá a Cataluña, Murcia, Andalucía, La Rioja y Cantabria.

La norma convalidada permite a las comunidades y ciudades autónomas incorporar nuevos sectores a los beneficiarios del paquete de ayudas directas a empresas solventes en función de la afección de la pandemia en sus territorios.

Asimismo, también se habilita a ciudades y comunidades autónomas a conceder ayudas directas a empresas viables que tuvieron pérdidas en 2019 por circunstancias excepcionales, como ocurrió en Baleares y Canarias por la quiebra del grupo Thomas Cook.

Junto a esto, incluye la posibilidad de aplazar dos años las deudas no tributarias ni aduaneras que se tramitan en las delegaciones de Economía y Hacienda de las comunidades autónomas, como las derivadas del reintegro de ayudas o de préstamos.

El pleno del Congreso ha convalidado también el decreto ley con la transposición de varias directivas europeas sobre prevención del blanqueo de capitales, telecomunicaciones, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales o defensa de los consumidores, que además se tramitará como proyecto de ley.

Calviño ha defendido "este real decreto ómnibus" para "que por fin dejemos de ser el farolillo rojo de la Unión en término de transposición de normas".