Hace unos días el Instituto de Estudios Económicos publicaba un informe en el que señalaba que Madrid se encuentra a la cabeza de España en recaudación de impuestos, con una recaudación un 63% superior a la media nacional. Paradójicamente, en materia impositiva la comunidad se encuentra en el otro extremo de la tabla, con el nivel impositivo más bajo del país: un 22,4% por debajo de la media. Es la constatación de lo que en economía se conoce como la curva de Laffer, según la cual una disminución de impuestos no lleva aparejada, necesariamente, una reducción de los ingresos fiscales (y viceversa).

Unos datos que ayudan a consolidar la posición de la Comunidad de Madrid como el principal motor económico de España y como la comunidad más competitiva desde el punto de vista tributario. Y es que, en 2020, pese a las terribles circunstancias, la comunidad también ha sido líder en crecimiento de PIB -10 veces superior a la media nacional en el cuarto trimestre-, en captación de inversión extranjera -en el tercer trimestre atrajo un 80,6% de la inversión- y en creación de empresas -un 22,7% del total fueron creadas en Madrid-.

Esto hace que muchos se pregunten: en una coyuntura como esta ¿cómo son posibles estos niveles de crecimiento en Madrid? ¿Qué factores condicionan el desarrollo económico de una comunidad autónoma? Pues bien, a mi juicio hay, entre otras cuestiones, un factor determinante para que esto esté sucediendo: la apuesta decidida de la comunidad por el fortalecimiento y el desarrollo de su tejido empresarial.

Y esto solo se consigue de una manera: defendiendo con claridad el concepto de libertad de empresa como motor de crecimiento económico. Ofreciendo una seguridad jurídica que garantice a las empresas la posibilidad de un crecimiento exponencial sin que por ello tengan que soportar la pesada losa de unos impuestos hiperbólicos. Este es el mensaje fundamental que un gobierno debe transmitir si quiere atraer talento empresarial a su región.

Algo que, en realidad, no es más que tener una visión a largo plazo. Actuar hoy pensando en mañana: entender que una menor presión fiscal se traducirá en un aumento de la actividad económica, en una reducción de la economía sumergida, en la generación de entornos empresariales más competitivos, y, por tanto, en un mayor crecimiento del PIB regional.

INCENTIVAR LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Como ha demostrado la Comunidad de Madrid, apostar por la libertad de empresa es la mejor vía para el desarrollo de una región. Y lo es incluso en unos momentos como estos, en los que muchas empresas, por encima de las ayudas o subvenciones que se les puedan conceder en compensación por haber tenido que cerrar sus negocios, lo que piden es -cumpliendo siempre con las medidas de higiene necesarias-, simplemente, poder abrir y atender a sus clientes. Porque ese es en realidad el único afán de cualquier empresario: desarrollar su actividad. Y cuantas menores trabas regulatorias a la actividad económica se le pongan, mayores serán sus capacidades de mejora y crecimiento, con todo lo que ello conlleva en términos de creación de empleo, generación de riqueza y dinamización del tejido empresarial.

Es fundamental que los gobiernos autonómicos entiendan esto si queremos afrontar la recuperación económica con ímpetu y con firmeza. Deben comprender que la mejor herramienta para la creación de empleo es favorecer la actividad empresarial. Que el mejor camino hacia el crecimiento económico pasa por una rebaja de la presión fiscal que incentive la actividad empresarial, atraiga la inversión y aumente el nivel de consumo. Que, en conclusión, no hay crecimiento económico sin crecimiento empresarial.

Esto es, por tanto, lo que pedimos los empresarios. Gobiernos valientes y responsables que favorezcan la inversión y el consumo, que apoyen a las empresas y les permitan seguir creciendo y generando empleo para así hacer crecer con ellas a toda la economía regional.