El aviso de las PYMES con un detalle de la reducción de jornada laboral de Yolanda Díaz: "No se puede hacer"

La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales impulsada por Yolanda Díaz, ministra de Trabajo del Gobierno de Pedro Sánchez, sigue despertando una fuerte contestación en el tejido empresarial, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas. Así lo ha expresado con claridad Ángela de Miguel, nueva presidenta de CEPYME, en una entrevista en Fin de Semana COPE con Cristina López Schlichting: "Confío en que nuestros parlamentarios no la aprueben, porque será la última medida que lleva a muchas empresas pequeñas al cierre".

El plan del Ministerio de Trabajo, presentado como una mejora de los derechos laborales, es percibido por el mundo pyme como una “injerencia del Gobierno” que ignora la realidad de las pequeñas empresas. Para De Miguel, “hay un modelo que funciona muy bien, que es el de la negociación colectiva, los convenios entre empresas y trabajadores”, y recuerda que ya hay sectores donde las 37,5 horas semanales se han implementado por acuerdo. Lo que rechazan, sostiene, es la imposición: “No se pueden hacer regulaciones iguales para todos sin tener en cuenta la diversidad”.

Las pymes, asfixiadas

La presidenta de CEPYME ha subrayado que las pymes representan el 99 % del tejido empresarial español, muchas con menos de diez trabajadores, y están especialmente golpeadas por el entorno económico actual: hiperregulación, aumento de costes laborales y presión fiscal. “Hay 1.200.000 páginas de BOE al año. Es imposible para las pequeñas empresas asumir todo eso”, denuncia. Además, asegura que el esfuerzo fiscal que soportan las pymes españolas alcanza el 37 %, cuando la media en Europa está en el 25 %.

Este ahogo tiene consecuencias tangibles. Según datos citados en el programa, en 2024 medio millón de negocios trabajaron a pérdidas y 130.000 desaparecieron. De Miguel no se sorprende: “Ya tenemos menos microempresas en España, ya se han reducido un 0,5 %”.

En palabras de la nueva presidenta de la patronal, la situación evidencia un profundo divorcio entre los datos macroeconómicos que ofrece el Ejecutivo y la realidad que viven los empresarios a pie de calle. “No es lo mismo el macro que la micro. Se ha inyectado mucho dinero, pero a la empresa más pequeña no ha llegado”, afirma. Esta desconexión, sumada al incremento de costes, estaría impulsando también la inflación: “El hecho de aumentar nominalmente determinados salarios no significa que nuestro poder adquisitivo mejore. Si aumentan los gastos, se suben los precios”.

Un modelo válido, pero sin imposiciones

Frente al proyecto de Díaz, CEPYME defiende que los acuerdos entre empresarios y trabajadores deben ser la vía preferente para cualquier avance laboral. “Hay muchísimos convenios colectivos que ya están muy cerca de las 37 horas y media. Y eso se ha conseguido con libertad de acuerdo, que es lo que mejor funciona”, insiste De Miguel.

Además, señala que imponer la reducción horaria perjudica de forma desigual: no es lo mismo aplicarla en una gran superficie con cientos de empleados que en un pequeño taller o una floristería. “Esa empresa más pequeña que vertebra nuestras ciudades y pueblos está desapareciendo”, advierte.

El mismo principio, afirma, debería aplicarse al salario mínimo interprofesional (SMI), que este año alcanzará los 1.184 euros. Aunque reconoce que los sueldos no son altos en España, denuncia que en muchas zonas este salario ya representa el 80 % de lo que se está negociando en convenios. “Eso nos quita flexibilidad, libertad y posibilidad de adaptarnos. Hay que respetar el diálogo social y las recomendaciones europeas”.

Finalmente, la presidenta de CEPYME alerta sobre otro fenómeno que castiga especialmente a las pymes: el absentismo laboral, con casi 1,5 millones de personas faltando al trabajo cada día. “En muchas empresas, un 10 % o 12 % de la plantilla no acude. En una microempresa, si un trabajador no va, no se puede abrir. No se puede dar el servicio”.

Frente a todo ello, De Miguel hace un llamamiento a la responsabilidad política: “Si no visibilizamos la realidad de nuestras empresas, no podremos protegerlas. Y son las que nos hacen la vida más fácil, cada día”. El reto, por tanto, está en preservar un modelo que funcione sin imponer desde arriba una normativa que puede hacer insostenible el futuro de miles de pequeños negocios en España.