Ignacio Robles es bombero en Bilbao. Era un 13 de marzo de 2017 cuando realizaba con otros dos compañeros las habituales labores de protección en el puerto de Bilbao para el traslado de mercancías peligrosas. Cuenta a COPE que vio que los contenedores estaban siendo cargados en un barco con letras árabes y preguntó de qué material se trataba. “El operario pudo no decirme nada, pero me confirmó claramente de se trataba de toneladas de armas y bombas con destino a Arabia Saudí”. En ese momento Ignacio no lo pensó y no quiso ser cómplice de aquello. Dice que sabía que cada diez minutos en Yemen muere un niño menor de cinco años. Él tiene dos hijos de esas edad y sólo de pensarlo se retorció. Apeló a su objeció de conciencia y se retiró del puerto.

Asegura que en ese momento no hubo recriminación por parte de sus superiores. Reconoce que el envío se retrasó unos minutos pero que nadie le reprochó nada. Un mes después se encontró con la apertura de un expediente sancionador que le puede costar entre 3 y 6 años sin empleo.

Ignacio reconoce a COPE que siempre se ha interesado por estos temas sin practicar un activismo claro, pero que su trabajo por encima de todo consiste en salvar vidas. “En ese momento se me cayó el mundo a mis pies, mi familia me apoyó y mucha gente lo hizo, pero por el camino he gastado mucho dinero en abogados, en salud, he perdido siete kilos y sobretodo me han robado tiempo de estar con mi familia, con mis hijos.Me he tenido que defender de acusaciones falsas, ha sido duro, pero las consecuencias parece que van a ser favorables.”

Ignacio asegura que “mucha gente me pregunta como puede ser que mis compañeros sigan trabajando sabiendo esto. Mi expediente ha sido un viso a navegantes, todo el que está alrededor de esto policía, estibadores....saben ahora lo que les puede pasar y a veces la gente prefiere tragarse sus principios antes de perder su trabajo”.

UNA NUEVA ERA DE ACTIVISMO SOCIAL 

Amnistía Internacional ha querido con este testimonio de Ignacio, demostrar que el activismo está intentando no ceder al discurso del miedo que desde muchos países los propios gobiernos están lanzando. Arancha Vicario la presidenta de Amnistía Internacional en España así lo ha explicado: “En 2017 el mundo ya ha sufrido las terribles consecuencias que discursos del miedo, del odio en la política, fomentada por gobiernos que han mostrado un desprecio total a los derechos humanos hace que corramos el riesgo de normalizar estos comportamientos contra determinados colectivos. Pero lo que ha ocurrido es un resurgimiento de la protesta. La gente corriente está clamando justicia. Estamos ante una nueva era de activismo social”.

En el informe anual Amnistía Internacional ha analizado 159 países donde de una manera o de otra se atenta contra los Derechos Humanos. Yemen, país al que se refería Ignacio, “continuó con el terrible conflicto armado que asola este país que era ya el más pobre de Oriente Medio incluso antes de que, en 2014, comenzara la guerra entre los rebeldes huzíes y las fuerzas del gobierno; la víctimas civiles se cuentan por miles. La guerra ha destruido el acceso a productos de primera necesidad, incluidos los alimentos,el agua y la atención de salud. En septiembre de 2017, la ONU acordó iniciar una investigación independiente de todos los abusos cometidos por todos los bandos contra los derechos humanos”. Según varios informes de ONGs Arabia Saudí es quien vende ilegalmente las armas que compra en Europa de manera legal. La violencia contra la población en Filipinas, el éxodo de la etnia Rohingnya en Myanmar, la violencia contra la mujer en Irán y así sucesivamente en muchos países del mundo.

Esteban Beltrán, director de AI en España, recuerda que en 28 países africanos se criminaliza a los periodistas que sufren persecución en muchos países latinoamericanos también. Es el caso de Méjico. “en 2017 11 periodistas fueron asesinados a plena luz del día mientras que cumplían su labor”, muchas veces de denuncia de atentados contra los Derechos humanos.

No son solo los países con conflictos abiertos sobre los que pone el foco Amnistía, también documenta en esta informe casos de vulneración de derechos humanos en países occidentales como Australia, Francia o la propia España. Beltrán ha denunciado que concretamente en España, 2017 ha sido un mal año para la libertad de expresión y asegura que “alzar la voz se ha vuelto peligroso”. Ha analizado la Ley de Seguridad ciudadana en la calle que llevó dice al uso de la violencia el 1-O en Cataluña cuando la gente se manifestaba. Ha criticado la prisión provisional para los Jordis, Jordi Cuixart y Jordi Sanchez, porque atenta dice, sobre la restricción excesiva a su derecho de libertad de expresión, y asegura que el artículo 578 no debería existir en el Código Penal español, porque se criminalizan las bromas y canciones, fruto de la libertad de expresión como enaltecimiento de Terrorismo.