El Gobierno ha dejado claro que impedirá el nombramiento de fugados y encarcelados como consellers, como también se impidió que Puigdemont, Turull y Sánchez fueran presidentes. Y al no haber un Gobierno legalmente constituido, el 155 seguirá vigente. Los cálculos iniciales del Ejecutivo pasaban por normalizar ya la situación esta semana, en la que se votan en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado, pero, con ese artículo todavía en vigor, el PNV podría votar en contra. Y ese es quizá, sospechan algunos, uno de los objetivos que busca Quim Torra con ese decreto que firmó el sábado.

Otro de los objetivos puede ser el de alimentar el victimismo y seguir con la confrontación con el estado ya que, en el fondo, dicen algunas fuentes, él sabe que ése no va a ser su govern, entre otras cosas porque Rull y Turull podrían ver empeorada su situación procesal si incurren en reiteración delictiva. Eso, además, contando, que es mucho contar, con que el juez Llarena les dejara tomar posesión de sus cargos.

El Ejecutivo ya ha comunicado oficialmente por carta que estudia la viabilidad de esos nombramientos y los ha obstaculizado por la vía práctica, impidiendo la publicación del decreto firmado por Torra en el Boletín Oficial, y recordándole que, sin este paso, esas designaciones no tienen validez alguna.

Habrá que ver cuáles son los movimientos que realiza el Gobierno en los próximos días (puede que se acuda incluso al Constitucional), aunque Rajoy se ha garantizado ya el apoyo de Pedro Sánchez y Albert Rivera. Es importante, dicen, seguir contando con la unidad de los constitucionalistas ante un desafío que no va a parar.