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CRISIS CATALUÑA

La violencia, principal razón por la que el juez ve rebelión en el "procés"

La violencia ha sido el elemento clave que ha determinado que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena considere que 13 de los 25 procesados por el "procés" incurrieron en un delito de rebelión, ya que sabían que "el fanatismo violento de muchos de sus seguidores" podía desatarse por sus acciones.

  • Agencia EFE

La violencia ha sido el elemento clave que ha determinado que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena considere que 13 de los 25 procesados por el "procés" incurrieron en un delito de rebelión, ya que sabían que "el fanatismo violento de muchos de sus seguidores" podía desatarse por sus acciones.

Un tipo penal que comporta penas de entre 15 a 25 años de prisión y que Llarena atribuye, entre otros, al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, al exvicepresident Oriol Junqueras, al candidato a la Presidencia, Jordi Turull, y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que ha eludido hoy su cita con la Justicia.

El juez no duda en afirmar en su auto de procesamiento de 25 personas (13 por rebelión) que la rebelión "es plenamente exigible a quienes, conociendo el ineludible estallido social que resultaba ya inherente a los hechos, lo incorporaron a su actuación criminal".

Hace especial hincapié en la figura de Puigdemont, Junqueras y el exconseller Joaquim Forn (el primero huido y los dos últimos en prisión), que sabían "sobradamente" que en la jornada del referéndum habría una "escalada de violencia", ya que habían sido advertidos por los Mossos en una reunión celebrada tres días antes del 1-O.

Los tres, aun "teniendo la capacidad de decidir sobre un referéndum que ellos mismos habían convocado y de aportar mecanismos de seguridad policial (...) prefirieron ordenar la continuación del proceso" e "impulsar el diseño" del operativo de los Mossos, tendente a que la población se enfrentase "con éxito" con la Policía.

Además, responsabiliza a Puigdemont de aprovecharse de "las facultades políticas y de gobierno que la propia Constitución otorga precisamente para la garantía de los derechos de todos los ciudadanos" de Cataluña.

"En igual situación" que estos tres procesados -prosigue el magistrado- se encuentran los "Jordis", que tenían "capacidad para movilizar a cientos de miles de seguidores" e "impulsaron una masa de fuerza que hiciera frente a la obligación policial de impedir la votación, de retirar el material electoral, y de alcanzar el recuento el día 1-O".

En relación a los otros 8 procesados por rebelión, su contribución consistió en garantizar la votación aún teniendo "pleno conocimiento de las circunstancias de la acción, que estaba directamente proyectada a la consecución de la independencia" ya que el 1-O no solo "impulsaba la reacción ciudadana que servía para forzar al Gobierno", sino que era "llave para la proclamación de independencia".

Para que haya un delito de rebelión basta, según Llarena, con "actuar de manera violenta" y no necesariamente "actuar con violencia" y aclara que para incurrir en él, no es necesario que se consiga la independencia de Cataluña, sino únicamente dirigir una actuación violenta a lograr ese objetivo.

El juez no duda en afirmar que existió violencia en varias ocasiones, principalmente en el asedio a la comisión judicial destinada en la Consellería de Economía, el pasado 20 de septiembre, (al que, según él, asistieron 60.000 personas) y en la jornada del 1-O.

Tan contundente llega a ser el magistrado que asemeja dicho acoso a la Consellería a una toma de rehenes al afirmar que allí se limitó la capacidad de actuación "como consecuencia del uso de la fuerza, tal y como ocurriría en un supuesto de toma de rehenes mediante disparos al aire".

Y añade que ese 20 de septiembre se demostró que "existía un riesgo de que las movilizaciones futuras desembocaran en una violencia instrumentalizada para lograr la independencia".

Por tanto, según Llarena, los hechos allí ocurridos "reflejan todas las exigencias que se han identificado para un actuar violento y aun para la violencia".

Para procesarles por rebelión, también ha tenido en cuenta la necesidad de una "intervención múltiple" y un reparto de tareas, algo que tanto la Guardia Civil como el juez han puesto de manifiesto a lo largo de la instrucción.

Según el magistrado, "es evidente que la minuciosa ideación de la estrategia con la que pretendía imponerse la independencia en el territorio, permite considerar que los principales responsables de estos hechos siempre hubieron de representarse que el proceso terminaría recurriendo a la utilización instrumental de la fuerza".

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