La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones ha rechazado hoy ante el Congreso el acuerdo alcanzado por PP, Cs y PNV para subir las pensiones un 1,6 por ciento, y ha reclamado una "solución integral" que garantice la suficiencia de estas prestaciones y no prolongue los recortes.

Esta plataforma ha acudido a la Cámara Baja para presentar, de la mano del grupo de Unidos Podemos, un escrito a la presidenta de la Mesa, Ana Pastor, en el que le pide que inste a los grupos a debatir una solución integral para el sistema público de pensiones.

Leopoldo Pelayo, portavoz de la coordinadora de Madrid en defensa del sistema publico de pensiones, ha explicado que el acuerdo que recogen los presupuestos para 2018 es un "parche" que no satisface la demanda de 9 millones de pensionistas, y ha avanzado que seguirán manifestándose.

En este sentido, ha criticado que la Delegación del Gobierno en Madrid haya prohibido la concentración que habían convocado hoy en la capital, "siguiendo las instrucciones de Mariano Rajoy", y ha denunciado que el PP no tiene voluntad política de resolver el problema de la sostenibilidad de las pensiones.

"Seguiremos en las calles lo que haga falta", ha avisado tras avanzar su participación en las próximas protestas de este mes.

La diputada de Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea Yolanda Díaz ha trasladado el apoyo del grupo confederal a los pensionistas, y ha denunciado también que el acuerdo entre el PP, Ciudadanos y el PNV ha sido un pacto "oscuro y opaco" con "intereses partidistas" y la "excusa perfecta para que siga todo como está.

Díaz ha asegurado que "hay dinero para pensiones dignas" y ha recordado que la subida "excepcional" del 1,6 por ciento acordada no supone la revalorización de las pensiones conforme al IPC en el futuro, por lo que también seguirán apoyando las manifestaciones de los pensionistas.

Por su parte, el diputado de Podemos Rafael Mayoral ha criticado que la Delegación del Gobierno haya prohibido la manifestación hoy de los pensionistas y ha acusado al PP de recortar derechos fundamentales y "poner la mordaza a la gente" prohibiendo protestas sin argumentos de forma "arbitraria y antidemocrática" porque podría haberse permitido la convocatoria "de urgencia".