Tras la renuncia de Puigdemont a ser candidato a la presidencia de la Generalidad se abren las puertas al desbloqueo de la XII legislatura del Parlamento de Cataluña. Será Jordi Sànchez, el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) -motor de las movilizaciones ciudadanas en favor de la independencia- y hombre afín a la antigua Convergencia, el candidato de Junts Per Cataluña a presidir el Gobierno autonómico.

Un hecho que no levantaría tanta polvareda si no fuera porque Sànchez está en prisión provisional desde el pasado 16 de octubre. El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena lo investiga por dirigir las concentraciones de los días 20 y 21 de septiembre en Barcelona, que tenían como propósito impedir que la Guardia Civil llevase a cabo la Operación Anubis contra la organización del referéndum del 1 de octubre. Por estos hechos se le atribuyen los delitos de sedición y rebelión.

Esta circunstancia hace que de nuevo se activen los engranajes judiciales, pues debido a su condición de investigado tiene que ser el instructor quien primero lo autorice para acudir a la votación de investidura. Y es que, como dispone el artículo 146 del Reglamento de la Cámara autonómica, el candidato debe “presentar, sin límite de tiempo, el programa de gobierno y solicitar la confianza del Pleno”. Unas actuaciones que tienen que llevarse a cabo necesariamente en el Parlamento de Cataluña, pues es allí donde reside la voluntad popular, como sentó el Tribunal Constitucional al rechazar la investidura de Puigdemont desde Bruselas.

"Dada su condición de investigado tiene que ser el magistrado quien primero lo autorice para acudir a la votación, que tiene que llevarse a cabo en la Cámara autonómica"

Ello no impide, sin embargo, que con la autorización debida y la aritmética favorable Jordi Sànchez pueda ser proclamado presidente de la Generalidad. Solo en el caso de que el proceso judicial finalizase con una sentencia de inhabilitación para ostentar cargo público quedaría impedido para ser presidente. Una situación que podría darse en el futuro ya que los delitos de sedición y rebelión están castigados, además de con pena de prisión, con la de inhabilitación. En este escenario se encuentra Artur Mas, que fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a dos años de inhabilitación debido a la consulta soberanista del 9-N de 2014.

A LA ESPERA DE LA DECISIÓN DE LLARENA

No obstante, que el magistrado Llarena se decida a autorizar la salida de Sànchez de la prisión de Soto del Real tanto para acudir al debate de investidura como a cualquier actuación posterior  -plenos, comisiones o reuniones-, o a concederle la libertad provisional es más bien improbable. Una de las razones por las que está encarcelado se debe al riesgo de reiteración delictiva. Como señaló el magistrado cuando le impidió acudir a la sesión de investidura del 30 de enero, existe “la posibilidad de que su liderazgo vuelva a manifestarse con movilizaciones ciudadanas colectivas violentas”. Por ello, la única posibilidad que de momento le asiste para ejercer sus derechos como parlamentario es la de delegar su voto en otra persona.

"Existe la posibilidad de que el liderazgo de Sànchez vuelva a manifestarse con movilizaciones ciudadanas colectivas violentas”

Dictado auto de procesamiento contra Sànchez, esto es, la resolución por la que se somete a enjuiciamiento a una persona, o auto de apertura de juicio oral, el reglamento del Parlamento de Cataluña sí autoriza en su artículo 25 a que el resto de diputados lo pueda suspender de sus derechos como parlamentario, para lo que exige un dictamen motivado de la Comisión del Estatuto de los Diputados y del acuerdo por mayoría absoluta del Pleno del Parlamento. Algo casi imposible teniendo en cuenta la mayoría independentista del Parlamento.  

A día de hoy, lo único claro es que la investidura de Jordi Sànchez promete superar la polémica que se desató con sus dos elecciones  como presidente de la ANC, en las que se hizo con el poder a pesar de no ser el candidato más votado por los militantes de base.