Tras la audiencia concedida por el Rey, Artur Mas ha comparecido hoy ante los medios de comunicación. El Presidente de la Generalitat ha reconocido que se reafirmó en su proyecto secesionista, al tiempo que ha aprovechado su comparecencia para anunciar su intención de convocar a todos los órganos que en Cataluña ejercen algún tipo de control sobre las instituciones de Gobierno. Mas dice estar enormemente preocupado por el clima de desconfianza que provocan los casos de corrupción política, por el modo cómo estos escándalos frenan la recuperación económica y por el distanciamiento creciente entre la sociedad y las instituciones. Pero la verdadera “doctrina Mas” sobre los casos de corrupción es de sobra conocida: no ha dudado en nombrar a algún que otro imputado en cargos de responsabilidad política. Tiene razón el President al apuntar la necesidad de encontrar criterios claros que guíen el comportamiento de las instituciones. Sin embargo, la situación del Gobierno catalán y los casos que salpican a CiU no le otorgan legitimidad para convertirse en adalid de una cruzada contra la corrupción. Una cosa es asumir responsabilidades, fomentar los mecanismos de control institucional y actuar con transparencia y otra muy distinta es aprovechar la coyuntura para que la ciudadanía cierre filas con el proyecto secesionista. Todos los partidos políticos están obligados a comportarse lealmente y a depurar de sus filas a quienes no merecen ostentar cargos políticos o de representación. CiU no es una excepción.