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Operación Torre

Imputados dos exconcejales socialistas de Ferrol por supuestas contrataciones irregulares de obras

Los imputados declaran ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional y el juez.

La 'Operación Torre', que investiga supuestas irregularidades en la contratación de obras desde el Ayuntamiento de Ferrol, ha supuesto la imputación de dos exconcejales socialistas, así como la de anterior y del actual interventor municipal, de dos aparejadores municipales y de la empresa Parquets Albanese S.L., contratada para la realización de obras. El Juzgado de Instrucción Número 3 de Ferrol abrió diligencias previas por supuestos delitos de falsedad en documentos mercantiles y oficiales y delito contra la Administración Pública, que se habrían producido bajo el gobierno local del PSOE de 2007 a 2011.   El 27 de enero de 2012 se habían realizado registros en el Ayuntamiento y en distintos domicilios de personas físicas y jurídicas, ante supuestas contrataciones "a dedo". La nueva imputación de Ángel Mato, exconcejal de Urbanismo durante el mandato de Vicente Irisarri, se suma a la del exedil de Obras, Gerardo López Castrillón, de dos interventores municipales -el anterior y el actual-, de dos aparejadores municipales y de la empresa Parquets Albanese. Según la investigación judicial, la empresa Albanese facturó para el Ayuntamiento de Ferrol en el año 2010 una cantidad superior a los 700.000 euros, pero en su mayoría con cantidades menores que no fueron adjudicadas a través de mesa de contratación. Esta semana, los imputados han comenzado a prestar declaración ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Los primeros en prestar declaración, este pasado lunes, fueron los dos aparejadores municipales, David Couselo y Mar Piñeiro, que el martes declararon ante el juez. Este miércoles ha prestado declaración judicial la representante legal de la constructora ferrolana Albanese, según ha explicado su abogado, Ulises Bértolo. Ante el juez ha ratificado la declaración realizada "durante cuatro horas y media" el martes en dependencias de la Policía Judicial y en la que ha asegurado que "todos los trabajos que ha facturado están completamente justificados y ejecutados". Asimismo, ha denunciado, según relató su abogado, que esos trabajos "no le han sido pagados por el Ayuntamiento, que no incluyó en su plan de pago a proveedores del año pasado una parte importante que se le debía además de estar pendiente otra cantidad importante". Asimismo, también ha prestado declaración el anterior interventor municipal Manuel Vázquez. Según ha manifestado Ulises Bértolo, "ha colaborado completamente" y "ha aportado un dossier explicativo de cuál es la organización administrativa del Ayuntamiento para dejar definido quién tiene las responsabilidades y las funciones en materia de administración". De este modo, ha comentado que ha expuesto que "su función era exclusivamente y en determinados casos una fiscalización de carácter contable, que nada tiene que ver con la decisión e impulso del expediente de contratación que dependía de otros dentro de la organización administrativa". En su declaración, según las citadas fuentes, el interventor ha indicado que "en obras menores no tiene que entrar a fiscalizar, no entra su labor de fiscalización y que en obras mayores su fiscalización depende de lo que en su caso informen otras instancias dentro de la organización administrativa". Está previsto que durante esta semana continúen prestando declaración los demás imputados.