El pleno del Parlamento autonómico catalán ha aprobado solicitar al Parlamento de España la autorización para la celebración de una consulta independentista. El PP, Ciudadanos y PSC votaron en contra, mientras que CiU, ERC e ICV votaron a favor. El Parlament es fiel reflejo de dos frentes electorales y sociales en los que las viejas razones programáticas o doctrinales han pasado a segundo plano. La situación ha planteado una dramática división interna en el campo de los socialistas catalanes, que deja claramente debilitado el frente constitucional. El frente parlamentario que aboga por la independencia conoce de antemano la respuesta del Parlamento español. Por lo que no les queda otra salida que convocar unas elecciones anticipadas en clave plebiscitaria, que con toda seguridad ganará ERC. Y entonces la tentación de una declaración unilateral de independencia será demasiado fuerte.  Es verdad que ante una situación así es indispensable que el Gobierno y las fuerzas constitucionalistas sean claras en sus posiciones, pero no lo es menos que ante un desafío de esta naturaleza, la ciudadanía y las diversas asociaciones e instituciones que conformar la sociedad civil deben pronunciarse. La neutralidad y la indiferencia son un lujo que nadie, con conciencia real de lo que está sucediendo, puede permitirse en una situación como ésta.