La declaración de Artur Mas y sus dos exconsejeras como acusados ha tenido dos partes bien diferenciadas. La primera, el acto previo, la manifestación ante el Tribunal Superior de Justicia. La segunda el momento en el que se sentaron en el banquillo.La manifestación, con las claras pretensiones de condicionar la actuación de los jueces y tranquilizar a los acusados, seguramente volverá a convencer a los ya muy convencidos. Otra cosa diferente es qué pensará ese sector cada vez más amplio de la sociedad catalana que ve con preocupación el desorden institucional que genera el independentismo. Ante los jueces Mas incurrió en contradicciones insalvables. En un momento dio a entender que el Tribunal Constitucional no le advirtió del modo adecuado que tenía que frenar la consulta. Después sostuvo que tenía que elegir entre el Tribunal Constitucional y el pueblo de Cataluña, entre la política y el derecho. Del mismo modo sostuvo que era responsable de todo, y a continuación argumentó que la consulta la habían llevado a cabo los voluntarios. Los argumentos de Mas no superan un examen lógico, pero lo más importante es que no son democráticos. Es antidemocrático contraponer ley y voluntad popular. Esto dice mucho del disparate del secesionismo y de la debilidad de un constitucionalismo ausente en Cataluña del mundo de  la cultura y de la educación.