Alberto Casero, el exalcalde popular de Trujillo, no tendrá que ir a la cárcel tras aceptar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía que solicitaba ocho años de prisión, la inhabilitación absoluta durante 20 años, y el pago de una indemnización cercana a los 70.000 euros al consistorio.

Finalmente, ha aceptado una condena de un año y 9 meses de prisión, 6 años de inhabilitación para ser alcalde o concejal, y eso sí, tendrá que indemnizar con más 70,000 euros al ayuntamiento por un delito continuado de malversación y prevaricación, por realizar hasta 5 contratos incumpliendo todo tipo de formalidades, entre ellos los suscritos con la organización de la Feria Internacional del Queso o la gala de los Premios Nacionales de la Música y las Artes, Pop Eye, entre 2017 y 2018.

A la salida del juzgado, Casero ha asegurado que "nunca se está satisfecho por esto, pero esto es lo que hay".

EL CASO CASERO

Diputado nacional entre 2019 y 2023, Casero renunció de forma voluntaria a esta acta y su baja del partido en marzo de este año tras la propuesta del Tribunal Supremo de juzgarle por posibles delitos relacionados con estos contratos municipales.

La causa tiene su origen en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Trujillo, que abrió diligencias previas en virtud de una denuncia de la Fiscalía relativa a contratos, acuerdos o convenios concertados con terceros por parte de Casero en su etapa como alcalde.

Entre esos contratos, el auto hace referencia a que el 3 de marzo de 2017 Casero contrató a un psicólogo para atender a mujeres víctimas de violencia de género, y cobró cuatro facturas de 6.120 euros. Seguidamente, el 29 de agosto de ese mismo año suscribió otro contrato menor con el mismo psicólogo, con duración de un año y por 18.000 euros.

Otro de los contratos es el convenio que Casero firmó en 2017 con la Cámara de Comercio de Perú, en un convenio de cooperación institucional que supondría 25.000 euros a las arcas municipales.

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Este convenio no fue aprobado en pleno ni por resolución de alcaldía, y el exalcalde no informó a la Intervención, tal y como recoge la exposición razonada.

Este también hace referencia a la contratación en 2017 y 2018 de la gala de los Premios Nacionales de la Música y las Artes Pop Eye por 42.000 euros sin "procedimiento administrativo alguno de contratación".

Otro contrato hace alusión a una empresa para la organización de la Feria Internacional del Queso por el procedimiento de contrato menor y por 14.403 euros. Se firmó en 2018 sin informar tampoco a los servicios competentes.

Por último, el ahora diputado popular suscribió con una empresa de comunicación un contrato de servicios y promoción de la citada feria, "debiendo ser licitado en procedimiento abierto.

Tras dejar su acta, el procedimiento fue devuelto al ámbito judicial cacereño.

Cabe recordar que Alberto Casero ocupó el cargo de secretario de organización del PP bajo la presidencia de Pablo Casado, y fue el diputado que propició la aprobación de la reforma laboral con su voto a favor, que emitió de forma telemática.