El alcalde de Oliva de la Frontera (Badajoz), Juan García Torres, acusado del desvío de fondos públicos destinados a obras para financiar subvenciones en aras a abaratar la tasa del agua municipal, ha defendido durante el juicio por estos hechos iniciado este martes en la Audiencia pacense que estas cuantías se abonaron con fondos propios del Ayuntamiento y, por tanto, de forma legal.

El primer edil, del Colectivo Independiente Olivero (CIO), acusado de prevaricación y falsificación de documento oficial, ha afirmado que esta reducción de la tasa del agua, instaurada después de que el municipio se adhiriese a la gestión del consorcio provincial Promedio, fue además consensuada con esta entidad, con la Diputación de Badajoz y con el Organismo Autónomo de Recaudación (OAR).

Según ha dicho García Torres durante el juicio, el Consistorio se vio obligado a instaurar estas reducciones, desde mediados de 2013, como consecuencia de las protestas que generó entre los vecinos el elevado incremento en la factura que representaron las nuevas tasas de Promedio.

El “descontento” llevó a diversas concentraciones de vecinos frente a la casa del primer edil y de su madre, y en algunas de ellas se tuvo que recurrir incluso a “antidisturbios”, según se ha expresado durante la vista.

Juan García Torres ha negado que estas partidas, 52.000 euros en total, se sufragasen con fondos de Promedio destinados a llevar a cabo unas obras en la piscina y en el campo de fútbol, las cuales ha dicho que sí se ejecutaron.

La Fiscalía de Badajoz solicita cuatro años y seis meses de prisión para el primer edil, junto al que también se ha sentado en el banquillo el ex arquitecto municipal (J.M.G.), para el que pide 20 meses de cárcel, el cual ha defendido también las actuaciones realizadas.

El Ayuntamiento se retiró meses atrás de la acusación particular después de que Juan García Torres recuperase la alcaldía del municipio en 2023.

La alcaldesa que le sustituyó en el cargo en 2015, Luisa Osorio, ha afirmado por su parte que el propio García Torres expresó en declaración judicial que había utilizado los fondos de las obras para reducir las tasas del agua, de la misma forma que trasladó el teniente de alcalde de éste durante un pleno municipal.

A este respecto, el alcalde del CIO ha dicho que durante la declaración judicial citada hubo un “error de transcripción”, pues él quería trasladar que se habían utilizado fondos propios, tal y como sí expresó en una declaración posterior y durante el resto del proceso.

Una de las cuestiones a dilucidar es también la presunta “manipulación de pruebas” en los expedientes de esas obras realizadas durante la legislatura 2015-2019 en el objetivo de “seleccionar lo que podía perjudicar” a los procesados para “soportar así una ampliación de la querella”, ha afirmado por su parte a los medios antes del juicio el abogado de los procesados, Juan María Calero.

El alcalde ha asegurado, en declaraciones a COPE, que todo se trata de un "complot político"