No son pocas las voces que desde distintos ámbitos sociales y políticos demandan diálogo como condición para encontrar una salida al actual conflicto en Cataluña. Una vez que se han puesto en marcha las medidas judiciales y policiales necesarias para defender la legalidad constitucional, el presidente Mariano Rajoy dejó claro en su reciente declaración institucional que el Gobierno está dispuesto a dialogar con los representantes políticos de la Generalitat siempre y cuando se produzca dentro del marco de la ley.

El diálogo es una condición necesaria en el ejercicio de la política democrática. Pero la apelación al diálogo no puede utilizarse para encubrir otras estrategias, o para colocar al interlocutor en una situación imposible. La voluntad real de diálogo, a partir del primero de octubre, debe desarrollarse dentro del marco constitucional y con objetivos claros, con trasparencia y lealtad.

La superación de la fractura social que se ha generado en Cataluña exige también una pedagogía pública de respeto, capaz de proponer un proyecto común de convivencia. El diálogo es una tarea costosa que exigirá altura de miras y generosidad, pero también abandonar las trampas del lenguaje.