El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha enviado al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, una carta en la que lamenta la información "sesgada e interesada" que contiene el informe sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Azcón se refiere en su carta, publicada en X, a este pronunciamiento de la ONU, publicado el 30 de abril y suscrito por los relatores Fabian Salvioli, Aua Baldé y Morris Tidball-Binz, relativo a las leyes de memoria democrática y, en particular, a evitar que surjan tesis revisionistas.

La ONU pidió al Gobierno de España que adopte "todas las medidas necesarias" en relación con las llamadas "leyes de la concordia". En Aragón el gobierno de PP-Voz ha derogado la ley de memoria democrática del socialista Javier Lambán y ha anunciado un plan de concordia, sin rango de ley, en sustitución de esta norma.

Azcón, tras analizar el informe de la "respetable organización", considera que es "del todo incomprensible e inédito" que no haya dado trámite de audiencia previa al Gobierno de Aragón antes de publicar un informa que, según el presidente, "está plagado de inexactitudes, falsedades y omisiones".

El Gobierno de Aragón, añade, aprobará próximamente un plan -y no una ley- en cuya ánimo "no está invisibilizar a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, sino "honrar a todas ellas".

Incluidas, añade Azcón en su misiva a Guterres, las de ETA y, por extensión, las del terrorismo.

El PP, recuerda que ha condenado "reiteradamente" el golpe de Estado de 1936 que desembocó en la Guerra Civil y la represión franquista.

Azcón insiste en que Aragón no ha aprobado ninguna ley de concordia, sino que las Cortes han aprobado derogar la ley de memoria democrática, una norma, dice el presidente aragonés, que imponía un relato "sesgado" y una "interpretación partidista de la historia".

Una norma, agrega, que "idealizaba" la Segunda República, que condenaba "los crímenes y atrocidades" cometidos "por un bando" y "relativizaba" a los cometidos por el otro y "limitaba la definición de víctimas a los que sufrieron muerte y represión por un parte, pero no por la otra".

El texto, agrega Azcón en su carta a Guterres, sembraba "la división y la confrontación" entre los aragoneses.

Pero además, la derogación de la ley, apunta el presidente aragonés, "no invisibiliza" las "graves violaciones" de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista.

Y agrega que el presupuesto de Aragón para 2024 incrementa la partida para exhumaciones en un diez por ciento.