El Tribunal Supremo ha confirmado en esencia la sentencia que impuso seis años de cárcel al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y nueve de inhabilitación a su antecesor, Manuel Chaves, por el caso ERE, un sistema fraudulento de ayudas sociolaborales desplegado entre 2000 y 2011.

Con un tribunal dividido (tres votos a favor y dos en contra), el Supremo ha avalado en líneas generales la tesis de la Audiencia de Sevilla, que estableció que Griñán incurrió en malversación de caudales públicos y prevaricación durante su etapa como consejero de Economía, entre 2004 y 2009, cuando Chaves, condenado únicamente por prevaricación, presidía la Junta.

Y es precisamente en la malversación donde han discrepado los cinco miembros del tribunal: dos de ellos, las progresistas Ana Ferrer y Susana Polo, consideran que Griñán y otros cuatro ex altos cargos deberían haber sido absueltos por este delito, que es el que lleva aparejada la pena de cárcel.

A falta de conocerse los argumentos del Supremo, que notificará su resolución cuando las dos juezas redacten su voto particular, la sentencia aboca a prisión a Griñán, de 76 años y quien ya ha anunciado que agotará todos los recursos y pedirá al Tribunal Constitucional suspender su entrada en la cárcel, sin descartar, incluso, acudir a la vía del indulto.

DIECISÉIS EX ALTOS CARGOS DE LA JUNTA CONDENADOS

Chaves y Griñán -condenado también a 15 años de inhabilitación- son los principales protagonistas de la decisión adelantada este martes por el Supremo, relativa a la pieza política de los ERE, que giró en torno a la creación y mantenimiento de un sistema de subvenciones que se prolongó durante más de una década (2000-2011) para la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, que permitió el reparto arbitrario de hasta 680 millones de euros.

Un sistema del que, según declaró probado la Audiencia de Sevilla, el entonces Gobierno socialista andaluz conocía su "patente" y "palmaria ilegalidad" y la "absoluta falta de control" en la concesión de ayudas.

Junto a los dos históricos exdirigentes socialistas, otros catorce ex altos cargos han visto confirmadas las condenas que les impuso este tribunal hace ya casi tres años, el 19 de noviembre de 2019.

Entre ellos figuran la exministra y exconsejera de Economía Magdalena Álvarez y el ex secretario de Estado y exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, condenados ambos a 9 años de inhabilitación por prevaricación; o el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, sentenciado a 7 años y 11 meses de cárcel por malversación y prevaricación.

El antecesor de este último y socialista histórico, José Antonio Viera, fue condenado a 7 años de prisión, los mismos que el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; y el exviceconsejero de Economía José Salgueiro a 9 de inhabilitación.

No obstante, el Supremo ha absuelto a tres ex altos cargos de la Consejería de Empleo -Javier Aguado, Lourdes Medina y Juan Francisco Sánchez-, condenados a diferentes penas de inhabilitación; y ha rebajado de siete a tres años de prisión la condena al ex director general de Trabajo Juan Márquez Contreras.

Él fue quien sucedió a Francisco Javier Guerrero, fallecido en 2020 y cuyas declaraciones fueron clave en el caso. A Guerrero se le achaca la expresión de la existencia del denominado "fondo de reptiles", la partida presupuestaria a cargo de la cual se inyectaban transferencias al instituto IFA-IDEA, dependiente de la Consejería de Empleo, que era quien repartía las ayudas.