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Rodríguez Arribas señala en TRECE la gravedad de la "desviación de poder" que habría cometido Grande-Marlaska

El exvicepresidente del Tribunal Constitucional explica en ‘El Cascabel’ la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la destitución del coronel Pérez de los Cobos

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Tiempo de lectura: 2'Actualizado 03:00

Fernando Grande-Marlaska asegura que no tiene voluntad alguna de dimitir y, de hecho, ha señalado que va a continuar trabajando a pesar de que la Audiencia Nacional haya anulado la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. A la pregunta de si va a restituir al coronel, el ministro ha recalcado que el Gobierno no hace valoraciones de resoluciones judiciales y ha manifestado su intención de recurrir la decisión.

El magistrado explicó en su sentencia, hecha pública el miércoles pasado, que la decisión de cesar al coronel se motivó por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento, todo ello en el marco de la investigación judicial por el 8-M abierta en el juzgado 51 de Madrid, que había impuesto a Pérez de los Cobos el deber de reserva.

Para valorar todo ello, el exvicepresidente del Tribunal Constitucional, Ramón Rodríguez Arribas, ha atendido a ‘El Cascabel’ de TRECE: "La anulación de una resolución administrativa no lleva consigo necesariamente la dimisión o cese del órgano que la dictó. Es una consecuencia política que tiene relación directa con una circunstancia que me parece importante. La sentencia de la Audiencia Nacional es recurrible y, por tanto, no es firme, de reposición del coronel Pérez de los Cobos en el cargo que tenía".



Desviación de poder: cumplir la Ley con intención de "burlarla"

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Pero lo más importante, según ha explicado Ródriguez Arribas, son "unos comentarios realizados en la sentencia: no solo habla de que se han cometido ilegalidades y anula la resolución en base a que se ha vulnerado la Ley, es que dice que se ha incurrido en desviación de poder. Esto consiste en que se cumplen formalmente las disposiciones legales pero con una intención contraria a la Ley para burlarla, también se puede anular la resolución dictada por la Administración. Esto es lo más grave. No se puede ocultar la importancia que tiene y desearía que no se hubiera producido. Ya veremos si eso lo confirma o no la sala de lo contencioso en la que se va a dilucidar el recurso que se anuncia".

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