El Gobierno rompe el consenso y acelera la regularización de 500.000 migrantes: "Estamos muy contentos, pero es una lástima que esto vuelva a ser un elemento que se arrojan unos a otros"

El Gobierno ha aprobado la regularización extraordinaria de cerca de 500.000 migrantes a través de una modificación del reglamento de extranjería, rompiendo el amplio consenso que había generado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que buscaba el mismo fin. Jorge Serrano, coordinador de la iniciativa, ha explicado en el programa ‘El Cascabel’ de TRECE que la propuesta original, que comenzó en 2021 y fue respaldada por 700.000 firmas y más de mil organizaciones, ha sido apartada por un acuerdo entre PSOE y Podemos.

Un consenso roto

La ILP logró un hito en el Congreso al ser tomada en consideración con 310 votos a favor y solo 33 en contra, un amplio acuerdo que incluía a la sociedad civil y a la Iglesia Católica. Sin embargo, cuando la tramitación parlamentaria en la comisión de migraciones parecía llegar a buen puerto, un pacto inesperado entre el PSOE y Podemos ha dinamitado la unidad. “Ahí se pierde la lógica del consenso”, ha lamentado Serrano.

En esta misma línea se ha manifestado el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, quien ha insistido en que, aunque la idea de la regularización es positiva, lamenta la “utilización política” por parte del Gobierno. Argüello ha recordado el gran apoyo inicial a la ILP y ha criticado que no se haya producido un debate “con una perspectiva de bien común”.

Claves del nuevo proceso

El nuevo procedimiento exige a los solicitantes acreditar su estancia en España antes del 1 de enero del 2026, con el objetivo de que no se produzca un efecto llamada. La regularización permitirá que estas personas, que en su mayoría se encuentran en la economía sumergida, pasen a cotizar a la Seguridad Social y a pagar el IRPF, lo que, según los impulsores, “mejora las cotizaciones, equilibra el sistema de pensiones y disminuye el déficit presupuestario”.

Uno de los principales escollos del trámite es la exigencia del certificado de antecedentes penales del país de origen. El Gobierno ha establecido que se puede iniciar la solicitud con una declaración personal, pero da un plazo de tres meses para presentar el documento oficial. Aunque el Ministerio del Interior se ha comprometido a negociar con los países de origen para facilitar la obtención de los certificados, Serrano se ha mostrado escéptico ante la complejidad de gestionar las más de 700.000 solicitudes previstas.

La carrera contrarreloj de los solicitantes

El caso de José Miguel Ramos, un ciudadano colombiano que lleva dos años en España, ilustra la situación de miles de personas. En su intervención en el programa de José Luis Pérez, ha expresado su “alegría muy grande” y sus “muchas ganas de aportar el conocimiento” que tiene y “trabajar de una manera honrada”. Aunque ya ha solicitado sus antecedentes en Colombia, ahora se enfrenta a la burocracia del proceso en España.

Mientras los solicitantes como José Miguel esperan que el proceso se resuelva en “quince días o un mes”, la realidad podría ser muy distinta. Jorge Serrano ha advertido que, con una avalancha de hasta 750.000 solicitudes esperadas, es probable que la respuesta a todos los expedientes se alargue “a lo largo de este año”.

El plazo fijado por el Gobierno, del 15 de abril al 30 de junio, es de apenas dos meses y medio, un periodo muy inferior a los seis meses que se concedieron en regularizaciones anteriores. Sobre esta premura, Serrano ha sido claro al apuntar a un posible cálculo político: “Intuimos que es por un tema de calendario electoral”.

Este repentino giro en la tramitación ha sido interpretado desde algunos sectores como una maniobra de distracción. La periodista Isabel Durán ha recordado que el anuncio del pacto entre PSOE y Podemos se produjo en enero, coincidiendo con la crisis del accidente de Adamuz, lo que podría sugerir un intento del Gobierno de “sacarse un conejo de la chistera” para cambiar el relato mediático.