El sudafricano Jerry Pillay, nuevo secretario general del Consejo Mundial de Iglesias

El organismo, que congrega a 352 Iglesias y denominaciones cristianas, celebra en agosto su asamblea general, la undécima desde su fundación en 1948

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El Consejo Mundial de Iglesias (CMI)tiene nuevo secretario general. Se trata del reverendo Jerry Pillay, de la Iglesia presbiteriana de Sudáfrica, que ha sido elegido por el comité central del organismo reunido en el Centro Ecuménico de Ginebra el 15 al 18 de junio. Pillay sustituye al rumano Ioan Sauca, que ejercía como secretario interino desde que en 2020 Olav Fykse Tveit , el anterior secretario, tuviera que dejar el puesto al ser nombrado obispo presidente de la Iglesia de Noruega.

El reverendo sudafricano tiene 57 años y es el decano de la Facultad de Teología y Religión de la Universidad de Pretoria. Cuando el próximo 1 de enero asuma el cargo se convertirá en el noveno secretario general en la historia de la institución. Fundado en 1948, el CMI congrega actualmente a 352 Iglesias, denominaciones y fraternidades cristianas que representan a 580 millones de fieles en 120 países. De él forman parte la mayoría de las Iglesias ortodoxas, decenas de Iglesias anglicanas, bautistas, luteranas, metodistas y reformadas, y numerosos Iglesias unidas e independientes. La Iglesia católica no está entre sus miembros, aunque mantiene una estrecha colaboración con la institución. El Papa Francisco visitó su sede en Ginebra el 21 de junio de 2018, con ocasión del septuagésimo aniversario del organismo.

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El Consejo Mundial de Iglesias celebra este verano su asamblea general. La cita es del 31 de agosto al 8 de septiembre en Karlsruhe (Alemania) y tiene por lema «El amor de Cristo mueve al mundo hacia la reconciliación y la unidad». Se espera que en ella participen unas 4.000 personas. La asamblea general es el máximo órgano de gobierno del CMI y normalmente se reúne cada ocho años.

Declaraciones sobre la guerra en Ucrania, protección de menores y Tierra Santa

La reunión del comité central del CMI ha deparado varias declaraciones. La dedicada a losabusos sexuales afirma que toda denuncia o acusación debe tomarse con la mayor seriedad e investigarse de manera independiente, imparcial y exhaustiva. «Lamentamos que la explotación, el acoso y el abuso sexuales se basen en la marginación de mujeres, niños y otras personas vulnerables. Lamentamos que suceda en todos los sectores y en todos los niveles de nuestra sociedad, incluso en las comunidades de la Iglesia, y por líderes a quienes sus comunidades les encomendaron pastorear y cuidar a todos, especialmente a los más vulnerables», dice el pronunciamiento. «El pecado del abuso —añade— se ve agravado demasiadas veces por la falta de acción del personal, las estructuras y los sistemas de la Iglesia, por palabras y acciones que culpan a la persona abusada, y por el silencio que niega toda justicia. A veces, nuestra falla colectiva para priorizar los incidentes denunciados ha ocultado la verdad y silenciado los abusos, protegiendo así al abusador».

La declaración sobre la guerra en Ucrania, por su parte, condena la agresión rusa a Ucrania y expresa la preocupación de la comunidad ecuménica por «cualquier uso indebido del lenguaje religioso para justificar o apoyar la agresión armada, en marcado contraste con el llamado cristiano a ser pacificadores». Se trata, evidentemente, de una referencia manifiesta al patriarcado de Moscú. «Se requiere urgentemente —se hace constar— un análisis fresco y crítico de la fe cristiana en su relación con la política, la nación y el nacionalismo».

En la declaración sobre Tierra Santa, por último, el CMI expresa su preocupación por las amenazas y ataques de los grupos extremistas judíos contra el clero y las propiedades de la Iglesia, así como las limitaciones israelíes a la libertad de religión y el acceso a los lugares sagrados. Recuerda, en este sentido, cómo en la pasada Semana Santa las celebraciones más solemnes de las Iglesias se vieron gravemente interrumpidas y, en algunos casos impedidas; y se hace eco del ataque del 6 de junio de extremistas israelíes a la capilla de Pentecostés del patriarcado ortodoxo griego en el Monte Sión, y de la sentencia del Tribunal Supremo de Israel que concede a una asociación judía la propiedad de importantes inmuebles situados junto a la Puerta de Jaffa, en Jerusalén Este.

La situación del pueblo palestino —dice también la declaración— es dramática, con muchas comunidades amenazadas por el desplazamiento forzado. Es el caso de 1.200 personas, 500 de ellas niños, que van a ser desalojadas, y sus casas demolidas, en una zona de tiro de las inmediaciones de Hebrón. Será, dice la declaración, «el mayor traslado forzoso de palestinos desde el comienzo de la ocupación en 1967 y una grave violación del derecho internacional humanitario y de derechos humanos».

El CMI concluye: «La discriminación contra los palestinos es abierta y sistémica, y la ocupación actual de medio siglo sigue contradiciendo la igualdad de dignidad humana y derechos humanos de los palestinos que viven bajo este sistema de control, mientras que la respuesta de la comunidad internacional sigue reflejando un doble rasero atroz».

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