Los secuestros de sacerdotes, un mal endémico en Nigeria

Solo esta semana ha sido liberado un presbítero, secuestrado otro y confirmado el asesinato de un tercero capturado en marzo

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Este miércoles, 11 de mayo, la archidiócesis nigeriana de Kaduna ha confirmado el asesinato del sacerdote Joseph Aketeh Bako, que llevaba secuestrado desde el pasado 8 de marzo. «Hemos verificado cuidadosamente que el lamentable hecho ocurrió entre el 18 y el 20 de abril de 2022 a manos de sus secuestradores», ha dicho su canciller, Christian Okewu Emmanuel.

El padre Bako, de 48 años, había sido apresado de madrugada en su residencia, situada en las inmediaciones de la iglesia de San Juan en Kudenda. Sus captores se llevaron consigo a otras cuatro personas y, además, mataron a golpes a un guardia de seguridad.

El arzobispo de Kaduna, Mattew Man´Oso Ndagoso, ha expresado su más sentido pésame a la familia y ha pedido oraciones por su eterno descanso y el consuelo de la comunidad cristiana.

La trágica noticia ha ensombrecido la puesta en libertad, unos días antes, de otro presbítero en ese mismo Estado norteño. Se trata de Félix Zakari Fidson, de la diócesis de Zaria, apresado el 24 de marzo. El padre Fidson fue liberado el 3 de mayo.

El secuestro de un tercer cura también en marzo, Leo RaphaelOzigi, ha tenido igualmente un final feliz. Apresado el día 27 en el Estado de Níger, fue liberado once días después. Según informaciones locales, se pagó un rescate por él.

Solo en el último año en el país ha habido casi una docena de apresamientos de sacerdotes.

También en el sur

Los tres secuestros mencionados habían tenido lugar en Estados del norte, mayoritariamente musulmanes. Sin embargo, el pasado domingo, día 8, fue raptado otro presbítero, y esta vez en un Estado del sur (Akwa Ibom), donde la población cristiana es mayoritaria. Se trata de Alphonsus Uboh, párroco de la iglesia San Pío X. El clérigo fue capturado alrededor de las 7 de la mañana por hombres armados que irrumpieron en los locales de su parroquia y que dispararon al aire antes de tomarlo como rehén y llevárselo consigo. El presidente del consejo parroquial ha declarado que la víctima se puso en contacto con él al día siguiente para decirle que estaba retenido en un bosque y que sus captores exigían el pago de un rescate de 100 millones de nairas, unos 240.000 euros.

¿Prisión para quienes paguen?

Los secuestros se han convertido en un mal endémico de Nigeria. Ayer mismo, el obispo de la diócesis de Bomadi, Hyacinth Oroko Egbebo, denunciaba a la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada en Portugal que en algunas partes del país viajar por carretera se ha convertido en una tarea de alto riesgo. Muchos de los secuestros, en efecto, se cometen en vías de circulación, pero los criminales —jóvenes en muchos casos que han encontrado en esta actividad un medio de vida— no dudan en asaltar trenes o incluso las propias viviendas de sus víctimas para conseguir su propósito.

La incapacidad de las autoridades para combatir el grave problema de los secuestros es manifiesta. Y la prueba es que, en lugar poner más medios para garantizar la seguridad de los ciudadanos, el gobierno trabaja en una ley que criminaliza a los familiares de las víctimas. El Senado, en efecto, ha dado luz verde a un proyecto legislativo que castiga con 15 años de prisión a aquellas personas que paguen el rescate de un secuestrado. En el caso de secuestro con muerte de la víctima, el delincuente se expone a la pena de muerte. El proyecto está en tramitación, y ha de pasar todavía por el Congreso y ser ratificado luego por el presidente.

«La verdad es que las víctimas del secuestro pagan el rescate por desesperación e impotencia, sabiendo que el Estado ha fracasado y es incapaz de proteger las vidas y los bienes o de asegurar la liberación de sus seres queridos», ha dicho a la agencia Fides Monday Ubani, jefe de la Sección de Asuntos Públicos del Colegio de Abogados.
La Iglesia nigeriana ha prohibido hace tiempo de manera oficial el pago de rescates en los secuestros de eclesiásticos y religiosos. La medida busca, precisamente, poner fin a esta execrable práctica, evitando que los secuestros se conviertan en una actividad «comercial» más.

En marzo de 2020, la Conferencia de Obispos Católicos (CBCN) convocó una manifestación para protestar por la inseguridad reinante en el país.

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