Los obispos colombianos expresan su "perplejidad y profundo dolor" por el fallo judicial sobre el aborto

La Corte Constitucional ha dictaminado que la interrupción del embarazo solo será punible cuando se realice después de la vigésima cuarta semana de gestación

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Los obispos colombianos manifiestan su «perplejidad y profundo dolor» por el fallo de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto hasta la vigésima cuarta semana de gestación. La decisión del alto tribunal anunciada ayer martes, 22 de febrero, salió adelante por cinco votos contra cuatro. Los jueces respaldan con ella una demanda presentada en 2020 por noventa organizaciones agrupadas en el movimiento Causa Justa que exigían el fin de la criminalización de las mujeres que abortan. Desde 2006 en Colombia está vigente una ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo, sin límite de plazo, en tres supuestos: violación, malformación del feto o riesgo para la salud de la madre. Quienes abortan fuera de estos supuestos se enfrentan actualmente a una pena de hasta cuatro años y medio de cárcel.

Los obispos: «El aborto directo es un acto inmoral»

La Conferencia Episcopal expresa su rechazo a la sentencia y llama a buscar, de manera creativa, «otros caminos» que permitan «salvaguardar la vida de las madres junto con la de sus hijos todavía no nacidos». Su comunicado, leído por el obispo presidente de la Comisión Episcopal de Promoción y Defensa de la Vida, Francisco Antonio Ceballos Escobar, reconoce que en no pocas ocasiones «la realidad del aborto responde a dramas humanos que acarrean múltiples dificultades y angustias para la madre y su entorno», pero añade a continuación que el derecho de la madre no puede conllevar la negación o el atropello de los derechos del prójimo.

«(…) Todo embarazo implica la existencia de otro ser humano, distinto de la madre, en condiciones de indefensión y vulnerabilidad, quien tiene a su vez el derecho de formar parte de la familia humana», señala. «Sostener que los derechos a la vida y a recibir la protección del Estado, amparados por la Constitución (cf. art. 2.5.9), no lo cobijan desde el momento de su concepción, es una afrenta a la dignidad humana. Por lo mismo, tutelar el supuesto derecho a suprimir una vida humana inocente, pone en riesgo el fundamento mismo de nuestro orden social y del Estado de Derecho. El aborto directo es un acto inmoral y una práctica violenta contraria a la vida».



El episcopado insiste en que «el aborto directo es un acto inmoral y una práctica violenta contraria a la vida», y señala que «el problema no puede limitarse solo a la mujer gestante», de ahía que pida a la sociedad que se implique en la búsqueda de «una solidaridad creativa a favor de la vida».

El arzobispo de Bogotá y presidente del episcopado, Rueda Aparicio, ha recordado también que la vida, además de un derecho fundamental reconocido por la Constitución de Colombia, es para los creyentes un don Dios. «Estamos llamados a respetar coherentemente la vida desde la gestación hasta la muerte natural. (…) Nosotros seguiremos anunciando, defendiendo y promoviendo la vida humana desde la gestación hasta la muerte natural».



La Corte Constitucional, por su parte, ha exhortado al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo a implementar una «política pública integral» para garantizar la sentencia en «el menor tiempo posible». Dicha política, indica, debe incluir «la divulgación clara de las opciones disponibles para la mujer gestante durante y después del embarazo, la eliminación de cualquier obstáculo para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos» reconocidos en el fallo, «la existencia de instrumentos de prevención del embarazo y planificación, el desarrollo de programas de educación en materia de educación sexual y reproductiva de todas las personas, medidas de acompañamiento a las madres gestantes que incluyan opciones de adopción, entre otras, y medidas que garanticen los derechos de los nacidos en circunstancias de gestantes que desearon abortar».

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