Pastoral Penitenciaria reclama una justicia más restaurativa que punitiva y vindicativa

La Pastoral Penitenciaria ha celebrado del 21 al 23 de octubre en El Escorial (Madrid) su X Congreso Nacional con el tema «Otro cumplimiento de la pena es posible». 240 personas han participado en un evento cuya celebración se ha visto retrasada a causa de la pandemia. Durante esta —se ha explicado— «muchos presos han cumplido condena a través de medidas alternativas: tercer grado, control telemático, suspensión de condena, TBC, talleres…», sin que se hayan producido por ello más delitos ni un aumento de internos en prisión. «Esto nos ha llevado al convencimiento de que, otro cumplimiento de la pena es posible, sin pasar necesariamente por la cárcel», dice el mensaje final del encuentro.

Este constata también que el perfil del preso sigue siendo el de una persona «pobre o procedente de una familia desestructurada»; que «en las prisiones sigue habiendo muchos internos con enfermedad mental»; que cada vez hay más internos extranjeros, sobre los que pende la amenaza de expulsión tras el cumplimiento de la pena; que la sociedad española «apuesta más por la justicia vindicativa que por la justicia restaurativa»; que el compromiso con las víctimas «está lejos de un verdadero reconocimiento del daño sufrido, y del derecho a una reparación justa»; y que desde Instituticiones Penitenciarias se sigue «avanzando con programas específicos, alternativos, psicoeducativos para los distintos delitos».

Llamamientos a jueces, medios de comunicación, Iglesia y sociedad en general

Pastoral Penitenciaria reclama una «nueva mirada» respecto a la pena y a la prisión. Afirma que esta «no es la solución a determinados delitos», y pide que «las penas alternativas no sean una excepción, sino la norma habitual que ayude a la reinserción del penado».

La declaración final hace un llamamiento a jueces, medios de comunicación, Iglesia y sociedad en general para que contribuyan en la medida de sus posibilidades a humanizar la realidad penitenciaria.

Así, a la Justicia le demanda que «humanice las sentencias», «sea valiente a la hora de apostar por las medidas alternativas a la prisión, sin condicionamientos sociales y mediáticos», y «revise y actualice la legislación actual en materia penitenciaria», especialmente en lo concerniente a aquellas «condenas largas sin un horizonte de esperanza ni mucho menos de rehabilitación».

A los medios de comunicación se pide, entre otras cosas, que no sean sensacionalistas en el tratamiento de las noticias sobre delitos; que ayuden a implantar un «cambio de mentalidad en la sociedad»; y que contribuyan a «visibilizar los resultados positivos del trabajo» de los reclusos.

La Iglesia, dice asimismo la declaración, debe tener «una actitud samaritana» y «una sensibilidad misericordiosa que ayude al preso en su camino de reconciliación consigo mismo, con la víctima y con Dios». Ha de promover el voluntariado penitenciario y su formación. Las comunidades cristianas han de estar igualmente «abiertas a acoger a los internos en libertad como un miembro más de la sociedad», así como a cuidar y acompañar a sus familias como medio de apoyo.

La sociedad, por último, debería tener «una mirada amplia» y cambiar la mentalidad imperante para ver en el preso a «una persona con posibilidades de normalización y cambio social». «Que se convenza —pide el Congreso— de que las políticas sociales garantizan más seguridad que la prisión. Invertir en políticas sociales de prevención y de desarrollo evita el ingreso en prisión y favorece una mayor justicia social en nuestra sociedad».