Las 7 medidas que propone Cáritas para hacer funcionar el sistema de protección social: "40.000 sin techos"

Cáritas ha denunciado con motivo del 'Día de las Personas Sin Hogar'que tendrá lugar el 31 de octubre, las dificultades que vive es colectivo para acceder a los derechos fundamentales, y que se ha agravado con motivo de la pandemia.

“¿Sin salida? Perdidos en un sistema de protección social que no protege. Digamos basta. Nadie Sin Hogar” es el lema de la campaña impulsada por las entidades que impulsan la Campaña de Personas Sin Hogar, y que pone el foco en el laberinto al que se enfrentan personas que no tienen acceso al sistema de protección social.

El responsable de Personas Sin Hogar de Cáritas, Enrique Domínguez, asegura que “es una realidad que afecta a las aproximadamente 40.000 personas en situación de sinhogarismo acompañadas por Cáritas y a las 2.500.000 personas en extrema vulnerabilidad que existen hoy en nuestro país como consecuencia de los efectos de la crisis y que nos pide responder sin más dilaciones a los retos que esta emergencia humana nos lanza a todos”.

La aparición de la covid-19 ha generado una realidad extraordinaria en la que las personas más frágiles y vulnerables viven con mayor crudeza la desprotección social. Como afirma Domínguez, “esta es la realidad que constatamos desde Cáritas y desde las entidades, cada día más compleja y difícil para que estas personas puedan acceder a los derechos humanos y a los recursos necesarios para poder vivir con dignidad, y para mantener la esperanza de lograr salir de un círculo de pobreza y de la falta de oportunidades que día a día les va asfixiando más”.

Nuevas realidades detectadas

La covid-19 ha supuesto el agravamiento de situaciones de miles de personas que se encontraban en una vivienda insegura o inadecuada, o que incluso estaban ya en situaciones de exclusión y que, con el impacto añadido de la pandemia, se han visto expulsadas de sus viviendas o de los alojamientos precarios en los que se encontraban.

El Observatorio de la Realidad Social de Cáritas ha constatado situaciones de una gran desprotección social, personal, afectiva o emocional. Prueba de ello es que la mitad de la población activa acompañada por Cáritas está en situación de desempleo o que el 67% de las familias atendidas por Cáritas dicen contar con ninguna o insuficiente información como para tramitar el Ingreso Mínimo Vital.

Como consecuencia de sus precarias condiciones económicas, más de 700.000 personas acompañadas por Cáritas residen en hogares que no disponen de dinero para pagar la vivienda ni los suministros. A su vez, el 16% de las familias atendidas por Cáritas se han visto obligadas a cambiar de vivienda.

Asimismo, la mitad de hogares tienen graves dificultades para afrontar los gastos de alquiler o hipoteca (44%), así como los gastos de suministro asociados a la vivienda (47%), lo que supone un deterioro en sus condiciones de vida.

Propuestas para un sistema de protección social adecuado y accesible

Desde la Campaña de Personas Sin Hogar se urge al fortalecimiento de las políticas públicas, poniendo su foco en las personas más vulnerables, que muchas veces son invisibles o ni siquiera están en el sistema, a fin de facilitar el acceso y ejercicio real del derecho a la protección social, que en muchas ocasiones no se garantiza, o es muy deficiente y limitado.

A juicio de la ONG de la iglesia Católica, los mecanismos de protección se deben implementar y hacer reales con las siguientes acciones:

1) Facilitar el acceso al derecho a la protección social en los procesos administrativos, en los plazos, en la flexibilidad, en los espacios, etc.).

2) Garantizar el ejercicio del derecho a la protección social, a través del desarrollo y adaptación de sistemas de prevención, protección y seguimiento desde los servicios sociales, y con herramientas como el acompañamiento social, etc.

3) Garantizar el acceso y disfrute del derecho a la justicia en los casos de vulneración de sus derechos.

4) Desarrollar medidas de carácter preventivo, y no meramente asistenciales.

5) No limitarse a facilitar el acceso a prestaciones económicas, sino ser una verdadera herramienta de cambio y mejora de la vida de las personas, incluyendo medidas de acompañamiento social a corto, medio y largo plazo.

6) Tener en cuenta la participación de las personas vulnerables en el diseño de las políticas públicas que desarrollan sus derechos humanos.

7) Incluir y pondrá en valor acciones de evaluación y coordinación.