La Iglesia, dispuesta a colaborar con la Comisión de abusos liderada por el Defensor del Pueblo

El secretario general de la CEE expresa que "desde la propuesta real que se haga, la real colaboración está en la base misma de la relación entre la Iglesia y la sociedad"

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“Deseamos que lo que se pueda hacer en el seno de la Iglesia pueda servir para que esta reflexión o esta investigación que en un órgano tan importante como es el Congreso se plantea mirando exclusivamente a la Iglesia, pueda ser una mirada que se amplíe a toda la problemática de los abusos”. Así se ha expresado el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, en la rueda de prensa final de la Comisión Permanente que los obispos han celebrado los días 8 y 9 de marzo.

Refiriéndose a la comisión de expertos que liderará el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, Argüello ha destacado que la Iglesia, desde el marco del ordenamiento jurídico, está dispuesta “a una colaboración en la medida que se nos diga. Somos los más interesados en que se sepa la verdad”. No obstante, ante formar parte de dicha comisión, “sin saber cuál es la propuesta, nuestra inclinación sería negativa”.

El secretario ha insistido que la colaboración “pondrá en relación el trabajo que vaya haciendo el equipo del despacho Cremades & Calvo-Sotelo y cualquier aportación explícita de congregaciones religiosas o diócesis”. Por eso, “desde la propuesta real que se nos haga, el principio de la real colaboración está en la base misma de la relación entre la Iglesia y la sociedad democrática. Hemos de saber el objetivo, propuesta y petición de colaboración”, ha concluido, mostrando la posibilidad de un encuentro próximo con Gabilondo.

Ante las diferentes iniciativas

Por otro lado, lo que sí ha expresado en sus respuestas a los periodistas es que la iniciativa liderada por el Defensor del Pueblo “nos parece que es más respetuosa con las víctimas” que la promovida por Unidas Podemos, que perseguía una comisión parlamentaria.

Para el secretario general, esa alternativa podría caer en una “utilización partidista de un asunto de singular gravedad”, convirtiéndose en “un objeto de transacción entre partidos políticos”.

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