La CEE ve "gravemente injusta" la acusación de Belarra y recuerda: el 0,2% de los abusos fueron en la Iglesia

La Conferencia Episcopal Española recuerda que las palabras de la ministra de Derechos sociales "no se corresponden en absoluto con la verdad"

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La Conferencia Episcopal Española ha emitido un comunicado respondiendo las palabras pronunciadas este jueves en el Congreso de los Diputados por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en el marco del debate sobre la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia.

Durante su intervención, Belarra acusó a la Iglesia católica de haber sido “cómplice, demasiadas veces en nuestro país, encubriendo la violencia sexual hacia los niños”. Unas declaraciones que generó gran revuelo entre sus señorías en el hemiciclo del Congreso.

La Iglesia, que siempre ha reclamado aunar esfuerzos entre la sociedad y las instituciones para proteger a la infancia frente a toda forma de violencia, ahora remarca en una nota de prensa las siguientes palabras:

"En el día de ayer se aprobó en el Congreso de los diputados la Ley contra la violencia a la infancia. Es una buena noticia que el Congreso se haga eco de una problemática que afecta a la sociedad española. En el ámbito del debate parlamentario, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, señaló a la Iglesia como cómplice de esos abusos por encubrimiento. Es una acusación gravemente injusta que pretende ensuciar la actividad de millones de personas durante décadas y que no se corresponde en absoluto con la verdad.

Estudios independientes recientes han puesto de manifiesto la gravedad de este problema en nuestro país. Esos estudios han señalado que el 0,2% de los casos se han dado en actividades religiosas, algo que siendo para nosotros grave, pone en su magnitud las dimensiones del problema y señala los entornos en los que se producen mayoritariamente los abusos, que deben tener especial atención y protección.

La Iglesia católica inició ya en 2002 un largo proceso de actualización de sus protocolos y su código de derecho especialmente en cuestiones de prescripción de esos delitos y de prevención de abusos en el presente y en el futuro, aspectos que ahora incorpora la legislación española. Desde aquel año se han desarrollado protocolos y entornos seguros para los menores en los lugares en los que la Iglesia realiza su actividad. Las congregaciones religiosas han desplegado un importante número de iniciativas para atender de manera segura a los menores y también la Iglesia diocesana está recorriendo ese camino y han habilitado oficinas de protección a los menores y prevención de abusos en todas las diócesis españolas.

Como parte de su misión, la Iglesia está firmemente comprometida en la promoción integral de los menores y desarrolla miles de iniciativas cada año que buscan formarlos en valores tan relevantes como la solidaridad, el respeto a la diferencia, el servicio al bien común o el cuidado del entorno según los principios del humanismo cristiano.

En este fin trabajan miles de laicos, sacerdotes y religiosos con esfuerzo, capacitación, dedicación y responsabilidad. Su trabajo no puede quedar empañado ni por las acciones de algunos de sus miembros que son indignos de ese trabajo ni por las apreciaciones de los políticos que, presas de un rancio anticlericalismo, utilizan a la Iglesia para la confrontación política en una estrategia de ruptura y confrontación.

Queremos finalmente renovar el compromiso de la Iglesia con la protección de los menores que seguirá dando pasos adelante y agradecer el trabajo de todos los que dentro y fuera de la Iglesia trabajan en el cuidado de los menores y en su formación, para un futuro mejor".

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