Cáritas atiende a más de 4.000 mujeres víctimas de violencia machista: "Siguen desprotegidas, las leyes no funcionan igual en España”

Cáritas ha atendido durante 2024 a 4.081 mujeres víctimas de violencia machista a través de sus programas especializados en todo el territorio nacional. La cifra supone un incremento del 11,29% respecto al año anterior, según datos oficiales de la organización publicados con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este aumento refleja que cada vez más mujeres necesitan apoyo para salir de situaciones de maltrato que, en muchos casos, permanecen ocultas.

Leticia Escutia, responsable del programa de Mujer de Cáritas, explica que estas mujeres llegan atrapadas en dinámicas de violencia que no solo están invisibilizadas socialmente, sino que les generan estigma. Las consecuencias son graves y múltiples: aislamiento social, pérdida de autoestima, problemas de salud física y mental, y enormes obstáculos para acceder al mercado laboral. Todo ello limita su autonomía económica y su capacidad para tomar decisiones sobre sus propias vidas. Escutia señala dos problemas críticos en este momento: la feminización de la pobreza, que se intensifica por las situaciones de violencia, y las dificultades de acceso a derechos fundamentales, especialmente a la vivienda.

La organización hace un llamamiento urgente a las administraciones públicas, responsables políticos, agentes económicos y sociales, y a la sociedad en general para que tomen conciencia de esta realidad. Cáritas trabaja mediante recursos y programas especializados distribuidos por toda España, ofreciendo acompañamiento integral a las víctimas que acuden en busca de ayuda.

 Un sistema legal confuso que perjudica a las víctimas  

El principal problema que enfrentan las mujeres víctimas de violencia machista en España es la fragmentación del marco legal. Actualmente existen tres tipos de legislación: la Ley Orgánica 1/2004 contra la violencia de género, la Ley Orgánica 6/2022 sobre garantía sexual, y las leyes autonómicas propias de cada Comunidad Autónoma. Esta división genera consecuencias directas sobre las víctimas.

Según el informe del Defensor del Pueblo de 2023, esta compartimentación provoca que cada ley establezca diferentes regímenes de asistencia y protección. En términos prácticos, esto significa que los derechos, los plazos para tramitar ayudas, las cuantías económicas y los criterios administrativos varían según la ley que se aplique en cada caso. Una mujer puede tener acceso a unos recursos en una comunidad autónoma y a otros completamente diferentes en otra región. Raquel Benito, del equipo de Incidencia Política de Cáritas Española, explica que la organización está trabajando con las administraciones para dar coherencia práctica a este ordenamiento jurídico y evitar tanto la desprotección de las víctimas como los agravios comparativos en función del territorio o de la situación administrativa de cada mujer.

 España debe aprobar la ley contra la trata de personas  

Cáritas también pone el foco en la trata de seres humanos, una forma extrema de violencia que afecta mayoritariamente a mujeres. La organización, que forma parte de la Red Española contra la Trata de Personas (RECTP), exige al Gobierno que desbloquee la aprobación de una ley integral que aborde todas las formas de trata y explotación. Aunque reconocen los avances legislativos de los últimos años, consideran que el marco normativo actual resulta insuficiente.

España tiene además una obligación pendiente con la Unión Europea: debe transponer la Directiva Europea 2024/1712 sobre la lucha contra la trata de seres humanos, aprobada este año. Esta normativa amplía las definiciones de explotación y obliga a los Estados miembros a adoptar leyes integrales y coordinadas. Hasta la fecha, España no ha cumplido con este compromiso ni con las recomendaciones de organismos internacionales como el Grupo de Expertas contra la Trata del Consejo de Europa (GRETA), el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas y el Comité de Derechos Humanos. Cáritas denuncia una falta de voluntad política por parte del Ejecutivo español para avanzar en este asunto. Los retrasos se acumulan y crece el riesgo de que la legislatura finalice sin que esta ley se apruebe, dejando a miles de víctimas sin la protección integral que necesitan.