En 'Imparables', hemos hablado de fallos judiciales incomprensibles, que provocan verdadero dolor y sufrimiento en sus “víctimas”. Es el caso de la hija de José Manuel tiene ocho años. Desde hace tres, según el testimonio de su padre, está viviendo un calvario. Fue el momento en el que José Manuel y su pareja decidieron seguir caminos diferentes, por la adicción al alcohol de esta última, a lo que se suman sus trastornos de personalidad: “El último año de relación trató de quitarse la vida, motivo por lo que tuvo que ingresar en el hospital.” Desde entonces, la expareja de José Manuel está en tratamiento, pero que abandona con frecuencia.

Una vez efectuada la separación, el juez determinó en un primer momento la custodia compartida. Una sentencia que, a juicio de José Manuel, se debe a la incompetencia de los servicios psicosociales de los juzgados y los servicios sociales del ayuntamiento de la localidad gallega en la que residen: “La custodia compartida realmente no comenzó a ejercerse hasta hace un año, cuando mi expareja empeoró. Eso repercutía en el comportamiento que ella tenía con mi hija. La agredió físicamente en octubre del año pasado. Luego también me enteré que mi hija y su madre estuvieron sentadas en el borde de un pozo, y su madre le decía a nuestra hija que iban a desaparecer, que irían a un lugar muy lejos. Aquello lo declaró mi propia hija en el juzgado."

La pesadilla de Josu 

Josu ha vivido una pesadilla de cuatro años. Pesadilla que comenzó cuando su pareja estaba embarazada de seis meses. Fue cuando agentes de la Policía Nacional le detuvieron en su vivienda de Bizkaia, acusado de formar parte de una red mundial que compartía y distribuía pornografía infantil online. Registraron el piso. No encontraron nada sospechoso. Pese a todo, los agentes le detuvieron y se llevaron todos los CD,s y ordenadores para ser analizados.

Su abogado, César Bernales, cree que el error del FBI pudo llegar a la hora de rastrear los números de la IP. Pasadas las semanas, su investigación se archivó provisionalmente. Pero año y medio después, le comunicaron que la policía había descubierto decenas de fotografías de pornografía infantil. El juzgado de Getxo que instruía su caso quería llevarle a juicio. Pedían para él más de dos años de prisión.

La estimación de un recurso presentado por el abogado de Josu, permitió solicitar un informe imparcial a la Ertzaintza. Los técnicos de la Policía vasca corroboraron que en el ordenador no había nada, como siempre había sostenido Josu y su abogado. El error fue que el técnico confundió los ordenadores de los acusados. Hace unos meses, el juzgado de Getxo decretó el sobreseimiento libre de este vizcaíno. Su abogado ha contado en 'Imparables' que exigirán responsabilidades a la policía por esta negligencia: “La Justicia actuó de manera sorprendente, pero el error fue policial, al emitir un informe que no era cierto.”

La familia de Alejandro sigue reclamando la indemnización 

En febrero del año 2015 Alejandro fue asesinado por su padrastro, que lo ahogó en una balsa de los montes de Málaga. El menor tan solo tenía tres años. El acusado fue condenado a 17 años y medio de prisión. Aquel fatídico día, recogió a Alejandro del colegio para trasladarle a la balsa para arrojarle al agua, ya que era consciente de que su hijastro no sabía nadar.

Cuatro años después, los familiares de Alejandro lloran su muerte. Pero también están inmersos en una batalla judicial para que la Justicia les reconozca la indemnización que les corresponde en compensación (si así se le puede llamar) por los hechos. Su abogada, la perito judicial y criminalista forense, María Teresa Fortea, asegura que en este caso se cometieron algunos errores judiciales que impidieron a la familia percibir la indemnización.

La historia de Beatriz, una Síndrome de Down que acaba de empezar sus estudios universitarios

Beatriz Aparicio camina firme en la vida para lograr su objetivo de trabajar como recepcionista o auxiliar administrativo. Su sueño es trabajar en la entidad bancaria de Bankia, ubicada en las proximidades de su vivienda. Beatriz es una de las 35.000 Síndrome de Down que hay en nuestro país. El pasado tres de septiembre fue un día muy especial para ella, ya que ingresó en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid para iniciar sus estudios universitarios, en su caso de informática: “Los primeros días han sido muy buenos”, ha relatado. “El primer día nos recibieron con varias conferencias, me dieron una carpeta negra y luego me presentaron a Javi, mi tutor. Somos doce compañeros en clase.”