Casi siempre hay dos maneras de hacer las cosas en la vida, por la vía rápida o por la lenta. La recién estrenada Presidenta del Congreso, Meritxell Batet ha elegido la lenta. Batet ha pedido al Presidente del Supremo, Carlos Lesmes un informe sobre cómo debe ser aplicado el Artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es el punto que establece que en caso de que un cargo público esté procesado en firme por rebelión y que esté en prisión provisional debe quedar suspendido inmediatamente.

Es el caso de los diputados Junqueras, Rull, Turull y Sánchez, y del senador Romeva que ayer volvían a Soto del Real tras prometer el cargo. Ya pasó en el Parlamento Autonómico Catalán pero Batet quiere un informe antes de reunir a la Mesa del Congreso que es la que tiene que tomar la decisión. La Fiscalía por su parte ha pedido al Supremo que inste a la suspensión inmediata de los políticos en prisión aunque de momento, la Presidenta de la Cámara no parece tener prisa en convocar esa mesa. El domingo hay elecciones autonómicas, municipales y europeas, y esto no es baladí, como tampoco lo es que ayer la Presidenta de la Cámara enmarcara dentro de la normalidad fórmulas para prometer la Constitución como la de Junqueras definiéndose como preso político y haciendo alusión a cumplir con el mandato del referéndum ilegal del 1 de octubre por el que están sentados en el banquillo. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, esta mañana en Herrera en Cope: "La señora Batet ayer, si hubiera sido una Presidenta decente a la altura del pueblo español, cuando dicen el mandato del 1 de octubre de la República Catalana y presos políticos, que me parece lo más grave de todo porque es asumir que tu país es una dictadura, si la Presidenta le dice "o retira usted presos políticos o no puede ser diputado de esta cámara ni cobrar un sueldo público', ese señor tiene que escoger entre ser diputado, coger un sueldo público o retirarlo. Si lo retira hemos ganado todos".

Te recordamos los plazos que se abren en el horizonte más cercano en el caso de los políticos presos y también en el horizonte de Pablo Ibar, el español de 47 condenado por un triple asesinato en Florida 1994 y que pasó 16 años en el corredor de la muerte. Tras una repetición del juicio el 19 de enero volvió a ser declarado culpable el jurado decide en unas horas si se le condena a pena de muerte o a cadena perpetua, la última palabra la tiene el juez.