Para empadronarse, para comprar letras del Tesoro, para hacer trámites en el Registro Civil, en Hacienda, Seguridad Social, o en la oficina de empleo... Hoy en día se necesita tener cita previa para hacer cualquier gestión en la Administración pública. Por un lado, es cómodo porque evita hacer colas y el ciudadano puede organizar mejor su tiempo porque tiene un horario asignado para que le atiendan.

El problema viene cuando no hay alternativa a esta cita. Es verdad que en algunos casos existe la opción de realizar el trámite de manera telemática a través de Internet, pero eso deja fuera a muchas personas que no se manejan bien con las nuevas tecnologías o no tienen acceso a la red. Aparte de esto, a veces conseguir cita previa se convierte en toda una odisea. Si la cita se obtiene en la web, puede que no haya hueco para escoger en semanas o incluso meses, o si es mediante llamada, podemos estar toda una mañana al teléfono hasta que conseguimos la cita.

Lo llamativo es que esta tendencia de que la cita previa sea la única vía para contactar con la Administración es ilegal, tal y como afirma de manera contundente Diego Gómez Fernández, abogado y profesor asociado de derecho administrativo de la Universidad de Vigo. "Las leyes dicen que se debe atender si hay un principio de proximidad y de servicio efectivo a los ciudadanos, que hay unas oficinas de asistencia en las que hay que atender a la gente y, sin embargo, nos encontramos con todo lo contrario, con que la Administración, al margen de la ley, lo que hace es impedir a los ciudadanos ese servicio efectivo". La Administración, según la Constitución, debe actuar con sometimiento pleno a la ley y al derecho, como explica el abogado. Cuando actua por la vía de hecho, como hace en este caso, "está cometiendo no solo algo que puede ser ilegal, sino que es inconstitucional porque vulnera los preceptos básicos que limitan lo que puede hacer la Administración y lo que no".

Destacable es el caso de Amadeo, con el que hace unas semanas hablamos en 'La Tarde' sobre su calvario para conseguir tramitar su pensión de jubilación con la Seguridad Social. "A mí lo de Amadeo me resulta especialmente sangrante", opina Diego Gómez. "Deberíamos estar muy agradecidos a nuestros mayores por todo lo que han hecho por nuestro país, porque España ha dado un salto cuantitativo en estos últimos años. Cuando ellos ya se han esforzado y van a recibir lo que en derecho les corresponde, se encuentran con que hay una cita previa, con que hay un muro. A mí me parece indignante", sentencia el abogado.

La desesperación para conseguir realizar gestiones hace que muchos recurran a gestorías para que les consigan la cita y las agilicen algo sus trámites previo pago, por supuesto. En este sentido, Gómez Fernández recuerda que hay otro principio básico en el procedimiento administrativo que también se está vulnerando, que es el principio de gratuidad. "No solo tenemos derecho a hacer todas estas gestiones, sino que además deben de ser gratis. Y esto no se está respentando tampoco", advierte el abogado.

Otro aspecto que no es justo para el ciudadano es la obligatoriedad de hacer estas gestiones a través de Internet. La ley de procedimiento administrativo que está en vigor dice, según el abogado, que las personas físicas no tienen obligación de relacionarse de manera telemática con la Administración. "Pueden elegir libremente y voluntariamente si hacerlo o no", y si no es así, lo que ocurre es que nos "están imponiendo de manera ilegal utilizar una vía".

Diego Gómez considera que la cita previa voluntaria es "buena para ambas partes", con lo cual matiza que se posiciona solo en contra de la "cita previa obligatoria". El abogado ha animado a los ciudadanos a reclamar y exigir ante las administraciones en las que tengan que realizar trámites la eliminación de esta cita previa obligatoria como única vía, pues se trata de algo ilegal. "No vale con que los derechos aparezcan solo en el papel, es nuestra obligación cívica reclamarlos".