A pesar de que en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros de hoy, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha enfriado un poco el tema y ha calmado los ánimos, la posible futura reforma del delito de malversación sigue en boca de todos.

La malversación es la conducta de corrupción más grave que hay en el Código Penal y también la que, dentro de los delitos contra lo público, es el delito más cometido. El año pasado hubo 83 condenados por malversación en España, y entre enero y septiembre de este año ya van 48. Desde 2015 llevamos a casi 600 personas condenadas por este delito.

Explicado en pocas palabras, se trata de un delito cometido por un funcionario público que se apropia de un patrimonio público o que lo administra de forma desleal, es decir, que causa un perjuicio a esos fondos públicos.

La última vez que se reformó fue en 2015, ya que hasta entonces solo se acusaba de malversar a aquellos que hubieran desviado dinero público para lucrarse ellos mismos o a terceras personas. Con la reforma de 2015 se incluyó también la administración desleal de ese dinero, es decir, que la persona que está, en teoría, para administrarlo bien lo emplea en una cosa diferente o lo desvía a otro destino.

¿Qué se propone hacer ahora?

Ahora se plantea reducirlo, y parece que lo que gana puntos es eliminar precisamente esa administración desleal. Según como se reforme la ley, puede que no solo salgan beneficiados los condenados por el referéndum ilegal en Cataluña. Francisco Correa, José Antonio Griñán o Julián Muñoz también podrían hacerlo. “Si hay una modificación y dicha modificación arroja una sentencia más favorable a casos juzgados, hay un principio en Derecho Penal que es el de la retroactividad de la norma más favorable. Lo que quiere decir que cualquier reforma no solo va a tener efectos en el futuro, sino que puede exonerar a muchas personas que han tenido que responder penalmente en el pasado”, ha apuntado el abogado Lorenzo Silva en ‘La Tarde’.

Para Silva el cambio en la tipificación del delito no tiene mucho sentido, en cuanto a que, aunque el que lo comete no sea beneficiario directo y solo esté administrando deslealmente o desviando dinero público a otros fines, siempre suele beneficiarse en alguna medida. “Es evidente que una malversación parece imposible que no sea beneficiosa para quien la está decidiendo”, ha comentado.

Aquí también entra en juego reflexionar y preguntarse si es peor el corrupto que se queda el dinero para su propio disfrute o el que administra o deriva a otros gastos o sitios. “Hay necesidades publicas acuciantes que se dejan de atender. Hay personas que necesitan una operación y tienen que esperar semanas, meses incluso”, ha denunciado Lorenzo Silva. “Cada dinero que no se destina a lo que se tendría que destinar se les está robando a estas personas. ¿En qué estamos pensando a estas alturas para disminuir la responsabilidad de quienes incurren en este tipo de conducta?”

¿Qué pasará con los condenados por el Procés o por los ERE en Andalucía?

Por su parte, Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura, ha destacado el carácter político que tiene esta posible futura reforma y ha puesto el foco en lo que podría ocurrir con José Antonio Griñán y otros dirigentes condenados por el caso de los ERE en Andalucía.

“Como parece que la orientación de esta reforma es política y no es puramente técnico-jurídica, tendremos que concluir que la línea inspirativa de esta posible reforma va a ir, o bien por derogar aquellos casos en los que no hay un enriquecimiento directo de la autoridad o funcionario, o una rebaja tan extraordinaria que permita exonerar de prisión a estos dirigentes de la Junta de Andalucía y, por extensión, a los condenados por el Procés, admite el catedrático. “Curiosamente en esa caja de sastre que es el Código Penal lo que se está tocando son la malversación y la sedición, que son los dos delitos por los que han sido condenados los del Procés, lo cual no deja de ser ciertamente sospechoso”.

En cuanto a lo que Gabriel Rufián ha insinuado hoy mismo de que la reforma del delito de malversación solo afecte a aquellos casos condenados también por sedición, Cortés tacha de aberrante este supuesto en el que finalmente fuera una reforma del delito a la carta.

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“Si queremos hacer una reforma de naturaleza política, para que se aprueben los presupuestos o para intentar que personas cercanas a nuestro partido no ingresen en prisión, creo que hay que decirlo con franqueza.”, ha declarado Emilio Cortés. “Aquí el problema es despreciar a un conjunto de profesores y especialistas en Derecho Penal que estamos viendo absolutamente atónitos como, en nombre del derecho penal, utilizándolo de una forma prostituida y manoseada, se están intentando llevar a término maniobras de naturaleza política.”